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Batllismo, un breve análisis desde la Sociología

Uno de los rasgos que históricamente han distinguido a la sociedad uruguaya respecto de similares formaciones del continente ha sido su reconocida capacidad de integración, hasta el punto de ser presentada por varios analistas como un ejemplo de sociedad hiperintegrada.

Los mecanismos de integración social, política y económica, así como la "sacralización" al decir de Solari^[1], de los valores y normas de las instituciones sociales, y de la propia identidad colectiva de nación democrática, son alguna de las vías que operaron desde larga data a favor de este proceso integrador, a través de distintos procesos de transmisión intergeneracional.

En consecuencia, con mayor o menor acierto, se difundió en la sociedad una creencia colectiva acerca de su estructura social de "distancias cortas", no estamental y mesocrática en materia de distribución de la riqueza y compatible con un sistema político con elevada capacidad de negociación y amortiguación de conflictos^[2].

Carlos Real de Azúa cuando trata sobre el concepto de amortiguación, se refiere a la relación dialéctica de cada uno de los elementos de los diferentes procesos que conforman así una "sociedad amortiguada" como una "sociedad amortiguadora", y a un proceso de larga duración con una temporalidad heterogénea donde los hechos son tratados como "cosas".

Este concepto de Sociedad Amortiguadora no significa ser mejor que otra Sociedad, dado a que también existen conflictos, pobreza e injusticia social sino a que todos los acontecimientos que ocurrieron en Latinoamérica, en Uruguay se presentan de una forma menos definitiva. Montevideo, ordenado, urbanizado, y cosmopolita choca con el resto del país que vivía bajo un régimen muy distinto, todavía marcado por esa impronta libertaria de caudillos y centauros. Largo proceso que apenas amaga resolverse con el singular "ni vencidos ni vencedores", continúa con las dictaduras que delimitan los campos y encuadran a la población errante, y culmina recién en este siglo con la definitiva imposición del gobierno central sobre todo el país.

Nueva originalidad uruguaya donde pasan a convivir el poder político y militar concentrados en el partido de gobierno, con el poder económico todavía en manos de la oposición. Estas son algunas de las características que conforman lo que Real de Azúa ha llamado sociedad amortiguadora, rasgo distintivo del país que se destaca al compararse su historia con la de otros países latinoamericanos.

Por eso toma diferentes variables en las secuencias de sentido unitario de índole social, político, económico e ideológico.

Germán Rama titula "Los rasgos fundacionales" al segundo capítulo de su libro que trata sobre las interacciones sociales que se daban en el territorio de la Banda Oriental hasta formarse nuestro país y las características del espacio geográfico.

Para realizar un acercamiento a lo que expresan tanto Rama, Filgueira y Real de Azúa en sus respectivos libros, tomo la segunda mitad del siglo XIX como el principio de las relaciones entre el Estado y la Sociedad, que trataré a continuación.

El nacimiento del Uruguay moderno en la segunda mitad del siglo XIX

El asentamiento del poder central se establece en Los gobiernos de los militares colorados Lorenzo Latorre (1876- 1880), Máximo Santos (1882-1886) y Máximo Tajes (1886-1890) los cuales dominaron a los caudillos rurales y tornaron los alzamientos sino imposibles, difíciles. El Estado y el ejército por diversos motivos, gozaron desde ese momento del monopolio de la coacción física. El armamento era ya costoso y de difícil manejo para los gauchos, los medios de comunicación y transportes^[3] fortalecieron el poder montevideano y por otro lado la sociedad y la economía estaban cambiando y se oponían a las costosas rebeliones del pasado.

Luego de los gobiernos militares sucedieron los gobiernos civiles, presidencialistas y autoritarios, de Julio Herrera y Obes (1890-1894) y Juan Idiarte Borda (1894-1897). Al exclusivismo colorado respondieron las revoluciones blancas capitaneadas por el caudillo rural Aparicio Saravia. Su levantamiento en 1897 fue la base de un gobierno colorado de compromiso con los blancos, el de Juan L. Cuestas (1897-1903).

En 1903 es electo José Batlle y Ordoñez^[4], y Aparicio Saravia dirigió en 1904 la última gran revuelta rural. Pero estas dos revoluciones difieren de las anteriores: el programa de reivindicaciones políticas tendió a crecer sobre la mera adhesión a la tradición partidaria, y así, en 1897 y 1904, los blancos alzaron las modernas banderas del respeto a la voluntad popular en las elecciones y la representación proporcional de los partidos en el Poder Legislativo. La paz interna y el fuerte gobierno central montevideano estuvieron vinculados a paralelas transformaciones que ocurrieron en la demografía, la economía, la sociedad y la cultura del Uruguay.

El Uruguay de 1830 apenas contaba con 70.000 habitantes y en 1900 contaba con un millón de habitantes. Tan solo en 70 años la poblacion crece de una forma espectacular, de esta forma Uruguay no tenía semejanza en ningún país americano. La alta tasa de natalidad dominante hasta 1890 - 40/50 por mil habitantes - se había unido a una relativamente baja tasa de mortalidad - 20/30 por mil - para ambientar este hecho, pero el factor crucial de la revolución demográfica fue la inmigración europea.
Los europeos, con valores diferentes a los de la población criolla, más proclives al espíritu de empresa y al ahorro; protegidos por sus cónsules durante las guerras civiles y recompensados siempre por sus pérdidas por el estado uruguayo amenazado desde el exterior, se convirtieron hacia 1870-1880 en los principales propietarios rurales y urbanos.

Los inmigrantes europeos fueron también los iniciadores de la industria de bienes de consumo al grado que en 1889 controlaban el 80% de esos establecimientos. Los inmigrantes, hostiles por lo general a las disputas entre blancos y colorados, exigieron la paz interna.

La estructura económica se modificó. El ovino se incorporó a la explotación del vacuno en la estancia de 1850-1870^[5]. La lana suple al cuero como principal producto de la exportación uruguaya en 1884 de ahí en adelante, hasta que apareció con vigor la carne congelada en 1910-1920, la lana fue el principal rubro de ventas al exterior. El alto precio de la lana en el mercado internacional propició esta transformación, debido sobre todo a la desaparición de la fibra competitiva, el algodón, a raíz de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos (1861-1865).

El Uruguay de fines del siglo XIX tuvo así características económicas que lo singularizaron en el contexto latinoamericano^[6]. Producía alimentos y satisfacía otras dos necesidades básicas del hombre, su calzado, con el cuero, y su vestimenta con la lana. Sus mercados externos se habían diversificados en vez de tender a la dependencia de un solo comprador.

Al comprarle Europa mercaderías que ella también producía, el Uruguay gozó de una renta diferencial elevada, por cuanto Europa mantenía sus ganados con más altos costos de explotación. Debemos anotar también que el librecambio británico - y europeo en general - fue una pieza esencial de este sistema económico en el cual el Uruguay vendía a Europa mercaderías que competían con su producción agraria. Mientras ese libre cambio duró - y lo hizo hasta la crisis mundial de 1929 - Uruguay tuvo un lugar económico seguro y rentable en el mundo. Al ovino siguió el acercamiento de las estancias.

Estas fueron alambradas entre 1870 y 1890 tanto para asegurar al propietario el uso exclusivo para sus ganados de las pasturas, como para permitir el mestizaje del ovino y el vacuno con razas europeas.

El cerco dejó desocupada a la mano de obra que antes custodiaba el ganado y generó un problema insólito de hambre y miseria rural. Esta desocupación tecnológica se convirtió paradojalmente en un buen caldo de cultivo para las últimas guerras civiles de fines del siglo XIX y principios del XX.

Ovino y cercamiento, dos enormes inversiones aumentaron la necesidad de orden interno que tenían los estancieros. Los terratenientes protagonistas de estos cambios se agremiaron y fundaron la Asociación Rural en 1871, con el fin de imponer la paz interna a toda costa.

Paralelamente ocurrieron transformaciones en el medio urbano. A partir de 1860 comenzaron las primeras inversiones extranjeras, sobre todo británicas. Los ingleses ya habían construído los ferrocarriles^[7] invertido en los servicios públicos de Montevideo^[8] e incrementando sus empréstitos al gobierno y su intervención casi monopólica en el mercado de los seguros.

El ferrocarril fue esencial para que el gobierno central pudiera controlar el interior. Cuando en 1886 el Río Negro fue cruzado por un puente ferroviario, el Uruguay, que siempre había estado dividido en dos mitades en invierno, se unificó.

Este medio de transporte, así como las otras compañías inglesas instaladas en Montevideo, generaron una corriente de antipatía popular por sus elevadas tarifas y deficientes servicios.

El monopolio que usufructuaba el ferrocarril, la empresa de aguas corrientes, la del gas y el oligopolio de las compañías de seguros, contribuyeron a fomentar dudas en la clase política ya en 1890 acerca de los beneficios que acarreaba al Uruguay el capital extranjero no vigilado por el Estado.

La sociedad uruguaya, resultante y promotora a la vez de estos cambios, fue muy distinta a la de la primera mitad del siglo XIX.
Las clases se diferenciaron con claridad, la dueña de la tierra era compleja, pues al lado del latifundio se consolidó la propiedad mediana con la explotación del ovino.

El latifundio existía en 1900 pero los latifundistas ya no eran los mismos del período colonial o de los primeros años del Uruguay independiente. La clase alta olía a nuevos ricos. Eso disminuyó su poder y su prestigio en el seno de la sociedad. Los estancieros gozaban en 1900 de la posesión de dos monopolios: la tierra y la carne, valorizadas ambas con los avances de la industria saladeril y sobre todo con la fundación en 1905 del primer frigorífico exportador de carnes congeladas a Europa.

El proletariado rural ya no podía optar entre la vagancia y la labor en las estancias, ahora debía trabajar para alimentarse. Los desocupados miserablemente en los llamados "pueblos de ratas", cambiando su anterior dieta carnívora por ensopados de escaso valor nutritivo. El servicio doméstico o la prostitución para las mujeres; el peonaje, la esquila, el contrabando y el robo de ganado para los hombres, fueron las actividades del gaucho moderno. Pero, ya empezó a emigrar a las ciudades.

En Montevideo, la aparición de la "cuestión social" fue la novedad. Aunque el ascenso social aún era posible, las condiciones de vida del proletariado industrial eran duras. Las jornadas de 11 o 15 horas ambientaron la prédica anarquista y la fundación de los primeros sindicatos hacia 1875. El viejo temor de la clase empresaria a la subversión blanca, fue poco a poco sustituido por su nuevo miedo a la revolución social.

Ocurrieron cambios también en el orden cultural y mental. La Universidad abrió sus puertas a los estudios de abogacía en 1849, a los de Medicina en 1876 y a los de Matemáticas en 1888. En 1877, el gobierno del coronel Latorre, inspirado por José Pedro Varela, decretó una importante reforma en la enseñanza primaria^[9] otorgándole recursos para su desarrollo^[10]. La tasa de analfabetismo que era elevadísima, comenzó a descender. El deseo de incrementar la actividad política de los habitantes y a la vez prepararlos mejor para el nuevo orden económico estuvo detrás de esta transformación.

El Uruguay también secularizó sus costumbres y su cultura. En 1861 la Iglesia Católica comenzó a perder su jurisdicción sobre los cementerios; en 1879 el estado decidió llevar los Registros del Estado Civil aunque admitió que el casamiento religioso precediera al civil. En 1885 se instituyó el matrimonio civil obligatorio y este debió celebrarse antes que la ceremonia religiosa. En 1907 se aprobó la primera ley de divorcio.

A pesar de que en las escuelas del Estado, aún se aprendía el catecismo, la hostilidad de las autoridades y muchos maestros, redujo esa educación al mero aprendizaje de memoria del Catecismo, sin ninguna explicación previa. En 1909 fue suprimido por completo este resto de enseñanza religiosa.

Otro signo de la modernidad fue la aparición de un nuevo modelo demográfico. La natalidad comenzó a decrecer ya en 1890, la edad promedio del matrimonio femenino ascendió de 20 a 25 años, y comenzaron a aparecer las primeras formas de control artificial de la natalidad, denunciadas con vigor por el clero católico.

De este modo Uruguay llegó al siglo XX siendo el país mas tempranamente europeizado de América Latina^[11]. Para Filgueira, un estado con la capacidad de formar una nueva ciudadanía y la capacidad de crear y consolidar una nueva clase media, un país modernizado, con una planificación para regular la urbe, la ciudad como lugar y símbolo de la Modernidad^[12].

En el Uruguay del siglo XX se distinguen cuatro etapas: 1) La consolidación de la democracia política, la reforma social y la prosperidad económica que se ubica en los años1903-1930). 2) La crisis económica y política y la restauración democrática de 1930 a 1958. 3) El estancamiento económico, la atomización de los partidos políticos tradicionales, el crecimiento de la izquierda, y la dictadura militar en los años 1959 a 1985. 4) La restauración democrática y la entrada del Uruguay al Mercosur de 1985 hasta nuestros días.

La primera etapa es fundacional y parece clave para explicar algunas de las características y la mentalidad dominantes en el país hasta muy avanzado el siglo. La figura de José Batlle y Ordoñez (1856-1929) domina políticamente este período. Es Presidente en dos oportunidades^[13], signo con sus ideas y a la vez expresó la sociedad de clases medias que estaba naciendo al amparo de la prosperidad económica y la facilidad del ascenso social.

La economía vio aparecer nuevas formas industriales que valorizaron plenamente la producción de carnes al refrigerardas^[14] y venderlas a Europa, lo que tuvo consecuencias políticas pues alejó definitivamente el fantasma de las viejas guerras civiles entre blancos y colorados ya que los estancieros se oponían ahora a ellas por destructoras de bienes con valor de mercado.

La intervención estatal comenzó, la gestión comercial, financiera e industrial del Estado^[15] se constituyó en un elemento definitorio de la relación entre sociedad civil y Estado en todo el siglo XX.

La democracia política, obra, en la que sobresalió más la oposición política que el partido colorado en el gobierno, se afianzó con el logro del voto secreto y la representación proporcional establecidos en la Constitución de 1917, la pureza electoral garantizada por las leyes de 1924, y una atmósfera de tolerancia fundada en parte en la imposibilidad tanto de las personalidades políticas como de los partidos en que se dividía la opinión, de hegemonizar a la opinión pública.

Esta explosiva electoralización de la vida política uruguaya, ocurrida además en un período acotado, constituyó tal vez la prueba más cabal de ese ideal "hiperintegrador" que ya por entonces permeaba e identificaba fuertemente al conjunto de la sociedad uruguaya y signaba sus modalidades de representación política y social. Esa asimilación estrecha entre ciudadanía e integración social contenía por cierto un conjunto de significaciones de gran relevancia.

En el momento culminante de su expansión, el modelo de ciudadanía uruguaya devenía "hiperintegrador". Este ideal ciudadano se constituía así en una de las piezas clave de todo un imaginario "uruguayo-batllista", fundado en pautas como la sacralización del consenso, la "amortiguación" de todos los conflictos y la extensión de una "cultura del arreglo" (aspectos todos que se veían facilitados por un fuerte disciplinamiento cultural y por el rechazo a la diferencia y a la diversidad).

En ese período decisivo en que se completaba la configuración originaria de todo un sistema institucional de convicciones, valores, símbolos y relatos cívicos, la "identidad nacional" de los uruguayos quedaba asociada indisolublemente al funcionamiento del sistema de partidos y a la sucesión electoral, a la índole democrático-integrativa del estado y a la idea misma de "pacto republicano".

En lo social, el Uruguay vivió una época de legislación del trabajo, protectora de los obreros y otros sectores populares^[16] y de garantías para el retiro de los trabajadores establecidas por diferentes leyes que fundaron Cajas de Jubilaciones para casi todos los oficios en los años 20.

Todos estos cambios progresivos tendrían lógicamente su repercusión en la más equilibrada estratificación social de la región. Aún así, y más allá de los éxitos indudables en los diferentes campos, hay cierto concenso en señalar el mantenimiento de statu quo en la estructura minifundio - latifundio, manteniéndose además la baja productividad por hectárea en el medio rural. A todo esto, Batlle quiso sumar a su proyecto de transformación, cambios en el sistema de gobierno que permitieran privilegiar un sistema de dominación de tipo carismático a uno de tipo antiautoritario, por medio de un organismo colegiado. Un organismo de este tipo, además, según la concepción modernizante obligaría a los Partidos a adecuar sus estructuras sin hacerlas depender de figuras y liderazgos individuales.

Demograficamente el país, que contaba con 1.042.000 habitantes según el Censo realizado en 1908, apenas duplicó su población en 1930, estimada en 1.900.000. El descenso de la tasa de mortalidad fue muy significativo y se debió sobre todo al avance del nivel de vida de la población y a las medidas higiénicas que el gobierno adoptó. El descenso relevante de la tasa de natalidad convirtió al Uruguay, probablemente en el primer país de América Latina que obviamente controlaba sus nacimientos.

La difusión de la cultura^[17], la facil recepción de los modelos demográficos europeos por una población de origen inmigratorios, la mentalidad prudente de las dominantes clases medias, todo ello explica que en 1930 el Uruguay tuviera de sí mismo la imagen de un país moderno, europeizado y escasamente latinoamericano.

Un dato mas contribuía a acentuar esta imagen: la cultura y la enseñanza se habían secularizado y la influencia de la Iglesia Católica era escasa al grado de que sin mayores repercusiones sociales, ni políticas el Estado y la Iglesia se separaron por la Constitución de 1917.

La mujer logra tener más participación en la Sociedad la ley de divorcio por causal^[18] es un fiel reflejo, además en 1932 logró el derecho al sufragio.

La crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos, repercutió en el Uruguay a partir de 1930-31. El descenso del precio de las materias primas y alimentos que el Uruguay exportaba, y las restricciones del comercio internacional, generaron aumento de la desocupación y caída del ingreso. La lucha por la distribución del mismo se acentuó entre los grupos sociales y el reformismo social batllista fue enjuiciado duramente por ineficaz y populista por las gremiales de estancieros y comerciantes que criticaban el peso impositivo de un Estado que no controlaban.

El Presidente de la República electo en 1931, Gabriel Terra, oyó estas demandas de las clases altas y con el apoyo de algunas fracciones de los dos partidos tradicionales dio un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, disolviendo el Poder Legislativo y la parte colegiada del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Administración.

El Golpe de 1933 fue liderado por Gabriel Terra, electo por el Batllismo y aliado en su nueva aventura con los colorados riveristas y a la mayoría del Partido Nacional, liderada por el notorio conservador Luis Alberto de Herrera. Ambas tendencias, entonces, se caracterizaban sin dudas, por ser fieles representantes de la alta oligarquía nacional.

Las orientaciones económicas, tendientes a privilegiar la ganadería exportadora, vuelve a recordarnos el esquema del Dominio Honorario Británico. La oposición estaba conformada por el futuro Partido Nacional Independiente, por el batllismo, por la Unión Cívica y los socialistas. Desde la sociedad civil no irrumpieron revueltas, lo que evidencia la debilidad de la misma, a pesar de los matices ya sugeridos.

La dictadura (o "dictablanda" como se le llamó popularmente por la ausencia de represión masiva) duró hasta 1938, legitimada por una nueva Constitución Presidencialista (1934). En 1938 asume la presidencia el Gral. Baldomir quien inicia una apertura que dará lugar a elecciones libres en 1942. Luego de una caída en la economía en los años que van de 1930 a 1944, se emprende nuevamente una expansión que genera un "decenio glorioso" entre 1945 y 1955, con un crecimiento anual del 8.5%.

Son años en que los dirigentes catalogarán al Uruguay como "Suiza de América", "a la vanguardia del mundo en materia social", etc. El neo-batllismo, en este marco lanza otra serie de políticas de bienestar social, lideradas esta vez por los Consejos de Salarios de 1943. Este espacio histórico ha sido denominado por Rama, "proyecto democrático - industrializador". En efecto, la industrialización fue dominante en este período histórico. La concepción del desarrollo giraba en torno al papel de la Industria y del Estado.

Este golpe y el gobierno resultante, de Terra, hasta 1938, aunque represor del movimiento obrero y los partidos de izquierda y "progresistas", y desconocedor en muchos planos, de los derechos individuales, demostró también la originalidad de la historia uruguaya. El golpe había sido protagonizado por un presidente civil y dado con la aprobación del ejército pero sin su intervención directa, había contado con el apoyo de arte de los partidos políticos tradicionales y además, procurado la legitimación inmediata de las urnas convocando a elecciones ya en 1933.

La lenta recuperación de la economía mundial, el peso en la sociedad toda de las tradiciones democráticas, y el alineamiento del Uruguay con los Aliados enemigos del nazi-fascismo en la II Guerra Mundial (1939-45), determinaron la recuperación plena de la vida institucional democrática con las elecciones de noviembre de 1942 en las que fue electo presidente Juan José de Amézaga (1943-1947).

Bajo el gobierno de Luis Batlle Berres (1947-1951), la prosperidad económica se consolidó por los crecientes beneficios que deparó a las exportaciones uruguayas la guerra de Corea (1950-1953). En 1952 se adoptó una nueva Constitución que implantó una estructura colegiada de nueve miembros para el Poder Ejecutivo, seis de ellos para el partido mayoritario y tres para el que le siguiera en votos. La intervención del Estado en la economía recibió un nuevo impulso con la nacionalizacion de las empresas británicas^[19]. En realidad, Gran Bretaña pagó de esa manera al Uruguay la deuda que había contraído por el suministro de carnes uruguayas durante la II Guerra Mundial.

La prosperidad económica y el impulso del gobierno de este segundo batllismo consolidaron un vigoroso crecimiento de la industria de sustitución de importaciones y el número de obreros aumento con espectacularidad. Otra vez, el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20. El desarrollo cultural era muy importante y el analfabetismo tendía a desaparecer. Desde el gobierno se insistía en que el Uruguay era la Suiza de América, tanto por la continuidad de su democracia, como por la fuerza de su clase media y hasta por el Ejecutivo Colegiado que lo regía.

La tercera etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX (1959-1985), estuvo caracterizada por la crisis y el estancamiento económico y, en sus años finales, por la caída de las instituciones democríticas y la instalación de una dictadura militar, aparentemente insólita, observadas las características de la historia de la larga duración en el Uruguay, pero reveladora de la gravedad de la situación.

Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación del Mercado Común Europeo (1957) y la sustitución de la hegemonía británica por la estadounidense en América Latina, dejó a las producciones exportables uruguayas a la deriva. El país, por ejemplo, dependía financieramente de EEUU con una economía competitiva y no complementaria de la suya, mientras su tradicional mercado europeo se cerraba a sus carnes. El estancamiento de la ganadería y el fin del proceso de industrialización, completaron el panorama negativo que se tradujo en una disminución permanente del ingreso.

Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y de empleados públicos, y las gremiales empresariales, lucharon entre sí por la distribución de una riqueza cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener. Los partidos tradicionales se alternaron en el poder (gobiernos blancos de 1959 a 1967 y colorados de 1967 a 1973) y se fraccionaron.

La izquierda se unificó y surgió así el Frente Amplio en 1971. El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) funcionó ya dentro de esquemas autoritarios pues decretó la suspensión de las garantías individuales casi durante todo su mandato y, del otro lado, ciertos sectores de la izquierda con el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) a la cabeza, también descreyeron del sistema democrático impulsando la lucha armada.

El proceso de deterioro de las instituciones fue vivido dramáticamente por una sociedad que sólo con lentitud dejó de tener fe en ellas, y culminó con el Golpe de Estado que las Fuerzas Armadas protagonizaron el 27 de junio de 1973, disolviendo las cámaras legislativas y asumiendo, bajo la cobertura del presidente civil Juan María Bordaberry (1972-1976), la totalidad del poder público hasta febrero de 1985.

Los 12 años de la dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas las fuerzas políticas, particularmente dura con las de izquierda, por el encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad gremial a obreros y empleados, y por la expulsión de los funcionarios públicos, especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinacion izquierdista.

Desde el punto de vista económico, el gobierno militar, asesorado por técnicos de ideas neoliberales, procedió a cierta apertura de la economía al exterior, procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado. El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores populares y la clase media.

Las resistencias de la sociedad al régimen militar tuvieron su expresión más clara en el rechazo de la Constitución autoritaria que el gobierno promovía, ocurrido en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 cuando "el NO" recogió el 57,2% del total de sufragios, y eso en medio de una censura militar casi completa de los medios de comunicación.

La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la desocupación, y esas resistencias sociales aludidas, que también condujeron a la reorganización del movimiento sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones, de las que dio cuenta el llamado Pacto del Club Naval concluído el 3 de agosto de 1984.

En elecciones en que hubo candidatos todavía vetados por las Fuerzas Armadas, surgió como presidente constitucional el líder colorado Julio Maria Sanguinetti. Bajo su presidencia (1985-1990) y la de su sucesor, Luis A. Lacalle (1990-1995) se fortificaron las instituciones democráticas, el clima de tolerancia recíproca renació y políticamente el país tendió a dividirse en tercios: colorados, blancos y frenteamplistas.

Los militares lograron que la Ley de Caducidad y el posterior referendum popular que la consolidó (1989) impidiera su persecucion judicial ante las violaciones de los derechos individuales acaecida bajo la dictadura.

En 1991, el Uruguay paso a fundar e integrar el Mercosur, alianza económico aduanera que lo incluye junto a Brasil, Argentina y Paraguay.

En 1995, la población del país alcanza los 3 millones de habitantes, acentuándose el rasgo ya advertible en los comienzos del siglo XX, el escaso crecimiento natural de su población, debido sobre todo al alto grado de control de la natalidad que practican sus habitantes.

La tasa de analfabetismo representa apenas el 4,25 de la población del país. La calidad de vida de la mayoría de los habitantes es una de las mas altas de América Latina, aventajada solo en ciertos rubros, por Costa Rica, Cuba y Argentina, siendo la esperanza de vida al nacer de 71 años y fracción. La mayoría de sus habitantes es considerada católica por las estimaciones de esta Iglesia, pero el numero de sacerdotes no sobrepasa los 700. La tasa de divorcios es alta, similar a la de las naciones europeas.

Bibliografía

Aportes de la Profesora Laura Vigo

Barrán, José P. Y Nahum , Benjamín:

"Historia Rural del Uruguay moderno" (1851-1885), Ed. de la Banda Oriental, Montevideo, 1967.
"Historia Rural del Uruguay moderno" (1886-1894), Ed. de la Banda Oriental, Montevideo, 1971.

Rama, Germán:

"La Democracia en Uruguay " RIAL, Buenos Aires, 1986.

Real de Azúa Carlos:

"Uruguay: una sociedad amortiguadora?", EBO, Montevideo, 1984.

Trabajo enviado por:

Fernando Mazzoni

mazzo@lacasilla.com.ar

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