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AYER Y HOY DE LA ARGENTINA RURAL

Gritos y susurros del poder económico

(1880 -1997)

Noemí M. Girbal-Blacha

(CONICET/UNLP/UNQ)

NOEMI GIRBAL-BLACHA

Nació en Avellaneda en 1947. En 1972 obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de Historia Argentina y Latinoamericana en las Universidades Nacionales de La Plata y Quilmes. Actualmente se desempeña como Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

INDICE

Prólogo

1.- La propuesta

2.- La Argentina verde es una fiesta (1880-1914)

3.- Comienzan los desencuentros. Decepciones y reclamos (1914-1930)

4.- Acerca de exigencias y subsidios. El Estado intervencionista (1930-1945)

5.- Confrontaciones y acuerdos. El Estado dirigista, popular y omnipotente (1945-1955)

6.- Gritos y susurros. Nuevas imposiciones agrarias (1960-1990)

7.- Conformidad y silencio: el agro argentino

Bibliografía

PRóLOGO

El inicio y posterior configuración de la producción rural argentina explican y tiñen de sentido a gran parte del mapa y acontecimientos sociales, económicos y políticos que con el paso del tiempo fueron moldeando a la Nación Argentina. Así, en la conformación de la estructura y comportamiento del entorno rural, es que se encuentran las claves para interpretar los movimientos de población, la construcción de las redes de los asentamientos humanos, la evolución de las actividades de producción, intercambios y servicios, que a lo largo de la historia afloran, se mantienen y esfuman en el ámbito urbano.

En el texto la autora expone, utilizando un ágil, atractivo y solvente discurso, el devenir de la historia del agro argentino. Queda evidenciado que aunque se aborden temas tratados por otros autores, es posible realizar una mirada original, a la vez que incitar y revalorizar la tarea de revisar el pasado del país agrario.

A partir de una óptica global va armando la trama de los principales actores, protagónicos y secundarios de los hechos históricos, que se despliegan en un escenario soportado en el extenso, variado y en algunas zonas hiperfértil territorio nacional. El relato transita y cruza enfoques delimitados a nivel regional; pasando por el espacio nacional; iluminando cuando lo requiere la disertación, el complejo universo de las relaciones y los flujos que emergen de los centros de poder económico internacional.

En el encuadre propiamente nacional, el estudio está atravesado por el conglomerado de representaciones de intereses y propuestas de sectores y grupos que, en ciertos momentos, de manera conflictiva y en otros, en base a pactos transitorios, se localizan en el interior de los distintos niveles del Estado. Dicho estado adopta diversas modalidades y funciones en relación al ámbito rural y, por ende, al resto de las cuestiones que le atañen, poniendo de manifiesto y procesando las alianzas y contradicciones de los actores que operan directamente en la producción rural, a la par que expresa las coincidencias y enfrentamientos que se dan en el resto de la sociedad. En la dimensión económica la disputa central es la apropiación del "excedente económico" que surge de modo diferencial en el territorio rural, En esa confrontación el Estado arbitra, soluciona o redistribuye, según las situaciones concretas por donde transita el país, distintos momentos que de forma diáfana se presentan en el libro. De tal manera que vemos el funcionamiento del Estado que se inclina y/o apoya a los distintos segmentos de los agentes económicos, insertos en las distintas fases de los procesos de producción y comercialización agraria.

En los cimientos del espacio de la confrontación ubicada en el complejo entramado de los protagonistas agrarios, se va edificando el perfil del conjunto del país, en ciertas épocas productor de bienes del sector primario, abierto hacia el exterior, acompañado por un estado sin participación y distante; en otros momentos atrapado en las cambiantes direcciones de las corrientes de intercambio mundiales, recorriendo el sendero de orientar la producción hacia el mercado interno. En ciertos períodos la organización social adopta la apariencia de permitir la presencia de los sectores populares, mientras que en otros el clamor de la gente observa a un Estado moldeado en los artilugios fraudulentos, con el predominio de mentores políticos con aspiraciones autoritarias. El saldo histórico ostenta una gran gama de totalitarismos de varios tipos, con la presencia de escasos lapsos con administración gubernamental de signos democráticos.

En la última década en el mundo se van consolidando los bloques integrados en torno a un mercado unificado. Frente a esos acuerdos bilaterales, de manera diversa los Estados y los agentes económicos se ajustan a las reglas del movimiento y acumulación financiera, y a los nuevos flujos de producción e intercambio modificados por la profunda innovación tecnológica que atraviesa a todos los procesos y productos, que con ciertas facilidades franquean las regulaciones emergentes de los límites nacionales. En esa nueva matriz organizativa mundial se inserta el modelo agrario, el perfil industrial y el molde del Estado implantado en la Argentina de los noventa, que acentuó la construcción de un bloque de mercado común compuesto por los países del sur del continente americano. Ante los nuevos desafíos, restricciones y oportunidades, los procesos de producción rural se actualizaron; la tenencia cambió de manos, concentrándose y, en ciertos casos, además se transnacionalizó; se reindustrializó y reorientó la producción del campo; la producción del sector creció; en un medio donde se estabilizó la moneda e incrementó la pobreza, el desempleo y el déficit de la balanza comercial.

La autora aprovecha de forma genuina la utilidad de la historia, por eso culmina convocando a reflexionar, entremezclados en los ecos y las voces de los perjudicados y los beneficiados, sobre las características y consecuencias del modelo rural y del país que hoy se está erigiendo y que marcará el futuro por donde forzosamente transitaremos.

Carlos Fidel(*)

(*) Profesor Titular de Fundamentos de la Economía en la Universidad Nacional de Quilmes

A Luis Ernesto y Luis Mario,

mi hijo y mi padre.

1.- LA PROPUESTA.

Desde sus orígenes, la historia de nuestro país aparece vinculada en su economía, su sociedad y su sistema político al medio, a la producción y a la comercialización rural. Primero a la producción y comercialización ganadera y más tarde -ya a fines del siglo XIX- a la transformadora expansión agrícola.

Conocer y reconocer sus orígenes pecuarios y mercantiles, asociados más tarde al progreso positivista de la Argentina Moderna agroexportadora, las limitaciones de la expansión horizontal agraria y las crisis que inducen la regulación económica por parte del Estado, así como el papel jugado por estas coyunturas en la planificación económica, que marcha unida primero al dirigismo estatal, y luego, al estancamiento, recuperación y tecnificación del agro, son asuntos de importancia para el diseño, diagnóstico y comprensión de la situación argentina actual en el concierto internacional.

En este paisaje cambiante pero que no renuncia a sus rasgos tradicionales que lo vinculan al campo, el Estado y los actores sociales que lideran el poder económico agrario, que a veces dialogan y otras discuten, jugaron y juegan acciones de importancia, demostrativas de las tensiones que enervan esa compleja relación de poderes, que por momentos es armónica y en otros se torna ríspida, aunque sin llegar a un enfrentamiento frontal y definitivo. Un Estado en ocasiones liberal, en otras intervencionista o benefactor y los sectores hegemónicos agrarios que se identifican o se relacionan con los representantes de ese Estado para recibir protección, exigir subsidios o brindar el respaldo económico de sus productos, son los ejes de la Argentina rural y del poder económico que la anima y que define no pocos momentos de la historia nacional.

Un recorrido crítico y de la mano de la historia por estas etapas, a partir del surgimiento de la llamada Argentina Moderna, por las variantes en el accionar de quienes son protagonistas, es decir, de los diversos sectores del poder económico rural entre sí y entre ellos y el poder político, invita a la reflexión y resulta un ejercicio intelectual estimulante, legítimo y fundamentalmente necesario para una Nación conformada sobre bases rurales e integrada por una sociedad que posee una frágil memoria acerca de muchos aspectos sustanciales de su pasado agrario. Este es el propósito central de esta propuesta.

2.- LA ARGENTINA VERDE ES UNA FIESTA (1880-1914)

Hacia 1880, una vez concluída la llamada "conquista del desierto" y la cuestión indígena; vencida la sublevación de Carlos Tejedor en Buenos Aires y resuelto -con el beneplácito de los ganaderos porteños- el problema de la federalización de Buenos Aires, la Argentina organiza estructuras políticas de alcances nacionales y conforma el Partido Autonomista Nacional (PAN) sobre la base de la Liga de Gobernadores que naciera desde Córdoba en 1877. Julio Argentino Roca, "el zorro", triunfador del desierto y siempre alineado en la defensa de los intereses nacionales por sobre los provinciales, es el hombre del momento, el que dará origen a un movimiento, un estilo político y una época: el roquismo.

La República Argentina deja atrás su fisonomía pastoril, criolla, de gran aldea y se convierte, por entonces, en un país agropecuario, moderno, aluvional -al decir de José Luis Romero-, receptor del capital externo y de la inmigración masiva que proporciona la mano de obra abundante y barata para emprender el cambio. El país conforma sobre estas bases su mercado nacional a partir de una sólida alianza entre los importadores, exportadores y ganaderos porteños y las oligarquías provinciales, al tiempo que se inserta en el ámbito internacional como proveedor de materias primas agropecuarias. Son éstos los parámetros entre los cuales se desarrolla el "positivismo en acción", del que nos habla Alejandro Korn, y que ejecuta esta generación de liberales en lo económico y conservadores en lo político, como la definiera con mucho acierto a mediados de los sesenta, el historiador Thomas Mc Gann.

En medio de la "paz y administración" propuesta por el Presidente Julio A. Roca, "el progreso" positivista es visto por los dirigentes del '80 como posible e infinito. En este país de gran extensión, la tierra, que con el fin de la lucha con el indio afirma su concentración en pocas manos, se presenta como un símbolo de prestigio social, base del poder político y sustento de la producción agropecuaria. Es un factor indiscutible del "progreso". Su valor intrínseco se suma al de los otros factores estructurales: la inmigración (que ante la imposibilidad de convertirse en propietaria rural alimenta un rápido proceso de urbanización), el capital externo (esencialmente británico y orientado a ferrocarriles y frigoríficos), el comercio internacional (estrechamente vinculado a Inglaterra), la consolidación del poder político que organiza entonces estructuras de alcances nacionales respaldado por el Ejército y el Congreso y en medio de la decadencia de las autornomías provinciales, y -como un compendio de estos factores- la conformación del mercado nacional. Estos son los rasgos sobresalientes de la fisonomía de la Argentina Moderna, conducida por una élite oligárquica, con capacidad de control económico, vinculada al quehacer mercantil y agrario, con espíritu de cuerpo y conciencia de tal, que se integra a partir de un tipo de hombre público específico, al que Natalio Botana denomina "el notable". En la cúpula de esta "alianza de notables", Bartolomé Mitre, Julio A. Roca y Carlos Pellegrini conforman, ya en las postrimerías del siglo XIX, el triunvirato político que dirige los destinos nacionales hasta los umbrales del siglo XX, como una expresión concreta del predominio de la tendencia más conservadora del seno de la oligarquía en los planos de conducción.

Hacia 1890 y durante la gestión del Presidente Miguel Juárez Celman -líder del unicato- se produce el "apogeo y crisis del liberalismo". Los elementos de conflicto se encuentran dentro y fuera del partido gobernante. El desplazamiento de "los notables" de la conducción política, la grave situación económico-financiera que vive el país en relación con el desorden en las concesiones territoriales y ferroviarias, la expansión del crédito, el aumento extraordinario de la deuda pública entre 1886-1890 y la vigencia de la ley de bancos garantidos de 1887, se suman a los efectos del crack financiero de la casa inglesa Baring Brothers, y desatan en la Argentina la crisis política, monetaria y fiscal, que deja como saldo la devaluación del peso, la quiebra y moratoria bancaria y la renuncia del Presidente Juárez Celman el 6 de agosto de 1890. El Vicepresidente Carlos Pellegrini ocupa la titularidad del Ejecutivo Nacional hasta el fín del mandato, procurando poner orden en las finanzas nacionales. La élite dirigente pierde cohesión pero sus bases económicas están intactas.

Cobra cuerpo, entonces, la expansión de la agricultura cerealera argentina, que al amparo del ferrocarril y orientada al principal centro de comercialización: la ciudad puerto de Buenos Aires, da sustento a la economía agroexportadora de alta concentración en la región pampeana (Buenos Aires, centro sur de Santa Fe, Entre Ríos, sudeste de Córdoba y La Pampa). La agricultura sobre la base del arrendamiento se asocia entonces a la ganadería de alta mestización destinada al frigorífico de capital británico que se instala en Buenos Aires en 1883. Es la presencia del frigorífico con su carácter monopólico la que irradia los saladeros fuera de su área de influencia (Buenos Aires-La Plata), transforma la típica estancia pampeana, promueve el proceso de desmerinización (reemplazando la oveja merino, buena productora de lana, por la lincoln, buena productora de carne), valoriza el vacuno, diversifica la producción ganadera y sectoriza a los ganaderos -que por entonces y desde 1866 se nuclean en la Sociedad Rural Argentina- en criadores e invernadores.

El valor de la tierra aumenta y los altos precios internacionales pagados por los cereales inducen una progresiva independencia de la agricultura respecto de la expansión ganadera. La cerealicultura adquiere significación propia en el conjunto de la economía y en la balanza comercial del país y la Argentina -con un mercado interno acotado y casi la totalidad de su producción destinada a la exportación- ocupa los primeros puestos junto a Rusia y los Estados Unidos en la provisión de granos al mercado mundial.

La gran propiedad y la generalización del arrendamiento como forma más difundida del sistema de tenencia de la tierra son sólo los extremos más notables de un amplio espectro socio-rural con alta incidencia en la ocupación del espacio regional pampeano y que integran, en la cúpula, grandes propietarios absentistas, terratenientes, arrendatarios de grandes extensiones (todos ellos dedicados a la ganadería de alta mestización), y como sectores subalternos: chacareros, pequeños y medianos arrendatarios, aparceros y peones de cosecha. Entre el circuito productivo y el de circulación de la producción agraria, se sitúa el almacenero de campaña, que proporciona el crédito informal y es un eslabón imprescindible para la comercialización. Todos ellos hacen posible la presencia de una agricultura extensiva de base cerealera y forrajera, que rota con facilidad entre la producción agrícola y la pecuaria, en medio de un sistema de comercialización concentrado (Bunge y Born, Louis Dreyfus y Co., Otto Bemberg, Huni-Wormser) y acosado por la ausencia del embarque a granel y la escasez de galpones y elevadores terminales y de campaña.

Son estas características del "boom" agrícola que vive la pampa húmeda hasta los inicios de la década de 1910, las que perfilan un país progresista, moderno, pero que al mismo tiempo asiste a los conflictos agrarios que tienen como protagonistas a los chacareros (aparceros) y peones más pobres de la región; aquéllos que se sitúan en el escenario del centro sur santafesino y se dedican al cultivo maicero. Los sucesos del "Grito de Alcorta" (Santa Fe) de 1912, donde se reclama por contratos de arrendamiento más duraderos, libertad para comercializar la cosecha y baja en los cánones de arriendo, son sólo una muestra del enfrentamiento entre grandes propietarios y arrendatarios, en medio de la adhesión a favor de estos últimos de los almaceneros de campaña y acopiadores que bregan así por el cobro de sus deudas. El resultado más duradero del conflicto es la conformación de un organismo corporativo que aglutina los intereses de los charcareros: la Federación Agraria Argentina.

En tanto, la Argentina ganadera se consolida a partir de una relación de dependencia con el inversor externo que le da rasgos propios. Desde los albores del siglo XX se vive en el país lo que Ricardo Ortiz denominara a fines de los años de 1950, la "edad de oro del frigorífico". Hacia 1900, la presencia de aftosa en nuestros animales, denunciada por los empresarios y comerciantes ingleses, interrumpe la exportación de ganado en pie. El frigorífico -de capital inglés como se dijo- se convierte en la única alternativa para el invernador de la pampa húmeda, quien entonces advierte la indiferencia del capital externo ante sus reclamos, a pesar de las inversiones que en mestización hicieran adquiriendo planteles de raza a quienes ahora se niegan a comprar el animal vivo. Los ingleses protegen sus inversiones, aunque un par de años más tarde, el ingreso del trust de Chicago al negocio de las carnes enfriadas y su producción de chilled beef, que requiere un vacuno más cuidado y gordo, obligue a los británicos a competir y a firmar en 1911 el primer Acuerdo de Fletes que fija cupos de embarque según el origen de los establecimientos. El 41,35 % de los embarques corresponde a los frigoríficos estadounidenses, el 40,15 % a los ingleses y sólo el 18,50 % a los argentinos. De todos modos, los ingleses siguen conservando la propiedad de los barcos frigoríficos para comercializar el producto, dirigen las aseguradoras de los mismos y Smithfield sigue siendo el gran mercado de recepción de las carnes enfriadas y congeladas procedentes de la Argentina.

Mientras la pampa húmeda es todo un símbolo del progreso agropecuario, en el interior la situación es diferente. La conformación del Estado y del mercado nacional con su sistema de alianzas obliga a las economías regionales a efectuar cambios para participar de las exigencias de la Argentina agroexportadora, que desde el poder político y económico crece con la mirada puesta en Europa. La llegada del ferrocarril, el crédito oficial barato y la protección estatal diseñan, de común acuerdo con las burguesías locales, verdaderos modelos de economías regionales de monoproducción. Se teje así el revés de la trama del progreso positivista arraigado en la región pampeana y en torno a la ciudad-puerto de Buenos Aires.

CUADRO 1: Crecimiento desigual en la Argentina Moderna -1912 (%)

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Región Extens. territ. Poblac. Agricult. Ganadería FFCC

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Norte 25,7 16,5 4,6 13,1 16,0

Andina 17,6 9,5 4,1 4,9 9,5

Litoral-centro 27,7 72,7 90,5 70,1 73,0

Patagónica 28,9 1,2 0,7 12,7 1,5

Fuente: Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura: Anuario Oficial de la República Argentina. Primer año-1912, Buenos Aires, 1912, p.50.

En el Noroeste, con epicentro en Tucumán, se consolida, a partir de la llegada del ferrocarril a esa ciudad en 1876, la modernización de la economía azucarera que elimina cultivos tradicionales como el maíz, producido entonces para exportar en el área circundante al eje metropolitano. En 1877 existen en el país 82 ingenios y 207 cultivadores de caña. En 1895, los ingenios son sólo 36 y los cultivadores 2.630. La modernización trae consigo la concentración empresarial y quien no puede adaptarse a los cambios, engrosa las filas de los cultivadores o cambia de ramo. La situación es próspera pero precaria.

A mediados del decenio de 1890 se produce una crisis de superproducción azucarera. Los reclamos del empresariado azucarero, ante el Estado nacional primero y provincial un poco después, no se hacen esperar. Para darles efectividad, los propietarios de ingenio se nuclean -como lo hicieran antes los ganaderos y los chacareros en la región pampeana- en el Centro Azucarero Nacional a partir de 1894 y pronto consiguen la exención impositiva interna y la posibilidad de exportar -hasta 1903- los azúcares con prima. En tanto, para minimizar los riesgos y diversificar la producción, los ingenios azucareros se transforman en sociedades anónimas; fundándose la primera de ellas en 1895: la Compañía Azucarera Tucumana (que nuclea 5 ingenios), propiedad de Ernesto Tornquist (también dueño de la Refinería Argentina del Rosario, única en el país) y productora de más de un 60 % del azúcar que se produce internamente. La presión del sector ante el Estado provincial tucumano aumenta hacia 1902, cuando con motivo de la Convención Azucarera de Bruselas los azúcares primados son rechazados en los países europeos. Entonces llega el momento de aplicar la "ley machete", aquella que dispone la destrucción de la caña en el surco a cambio de una ajustada indemnización al cañero. El objetivo último es resguadar el precio del azúcar refinado, el que se vende en el mercado consumidor interno, preferentemente de la Capital Federal, para que los empresarios azucareros puedan hacer frente a los créditos contraídos para modernizar sus ingenios.

Reclamos y exigencias del empresariado agroindustrial al Estado Nacional y al provincial, que no puede resistirse a sus pretensiones, ya que la presión fiscal se aplica a la única actividad económica local próspera: la producción azucarera. El poder político mantiene así una estrecha dependencia del poder económico y actúa en consecuencia. Hasta la primera década del siglo XX, el peligro no se advierte inminente y los aires del "progreso" también se respiran en el Noroeste argentino y en la región de Cuyo, donde haciendo uso de un sistema similar, se impulsa y arraiga la vitivinicultura a partir de 1885, cuando el ferrocarril llega a Mendoza. Pero a diferencia de lo que ocurre en Tucumán, aquí el sistema de contratistas y las características artesanales de la producción permiten una muy adecuada inserción del inmigrante italiano y español, que en no más de quince años se convierte en propietario de viñedos o en bodeguero y se coloca -a veces- al frente de importantes sociedades anónimas vitivinícolas (Giol, Gargantini, Tomba, Arizu, entre otras). En ambos casos la concentración regional y empresarial es el corolario de la crisis y del accionar del Estado en favor de estos empresarios agroindustriales monoproductores.

Aún en las áreas marginales, en aquellas que se incorporan tardíamente al modelo agroexportador, como la patagonia o la región del Noreste de nuestro país, la inserción en la economía agroexportadora se da buscando evitar la expansión de producciones competitivas con las que son típicas de la pampa húmeda. En el Gran Chaco Argentino -por ejemplo- tal situación se da a partir de 1895 -cuando ha fracasado ya la expansión ganadera y azucarera en ese espacio regional- a través de la explotación forestal, quebrachera, taninera; tanto en la subárea del Chaco santafesino, cercano a las vías fluviales, donde desde los albores del siglo XX, asienta su poderío "The Forestal Land, Timber, Railways and Co. Ltd.", dominando la extracción y comercialización de rollizos de quebracho con destino a Europa (Alemania) y los Estados Unidos; como en la subregión del oeste, el Chaco santiagueño, donde se extrae de sus bosques -penetrados por el ferrocarril y a través del obraje- leña, postes y durmientes para el mercado interno con la participación de inversores de la pampa húmeda, quienes aprovechan la ausencia en la zona de una burguesía preexistente para avanzar sobre las regiones marginales. El objeto es diversificar sus inversiones y minimizar el riesgo empresarial aumentando la renta marginal. La agricultura se convierte así, desde el nacimiento de la Argentina Moderna, en el común denominador de la economía.

En 1910, en medio de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo -cuando nuestro país muestra ya un marcado desequilibrio interregional-, la "cuestión social" urbana y rural es un tema que preocupa al Estado y a los sectores más altos de la producción. Ambos descubren entonces los efectos no deseados de la inmigración masiva y acusan al extranjero venido al país para radicarse y trabajar de las huelgas y manifestaciones que denuncian el malestar de los sectores populares. La ley de Defensa Social (que reconoce un antecedente en la ley de Residencia de 1902) intenta contenerla, contrarrestar los efectos de la reacción de obreros urbanos, peones y arrendatarios rurales, pero sin mucho éxito. De todos modos, la situación indica que existe otra cara de esa Argentina del "progreso indefinido", donde todo era una fiesta; una cara menos impactante pero tan real como aquélla: la del conflicto, la postergación y la dependencia.

La autocrítica emprendida por el sector dirigente que da cabida a las inquietudes "los liberales reformistas", a través de la reforma electoral (1902) y del proyecto de código de trabajo (1904), por ejemplo, da muestras de la seriedad del asunto. El fin de la expansión horizontal agrícola está próximo, la agricultura extensiva está jaqueada. La dirigencia argentina en su conjunto, sus representantes políticos, los productores, los comerciantes, deben emprender un largo y costoso aprendizaje; aquél que le permita sostener su crecimiento en medio de los desajustes coyunturales que presenta el modelo agroexportador implementado con decisión desde 1880.

CUADRO 2: Superficie cultivada (1888-1930)

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Año Hects. sembradas Cereales y lino (%) Forrajeras (%)

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1888 2.459.120 65,7 15,8

1895 4.892.004 75,2 14,3

1900 6.427.417 73,1 19,7

1910 18.290.419 65,0 29,5

1914 22.193.190 61,4 33,3

1920 22.131.106 56,3 38,2

1925 23.908.719 68,9 25,2

1930 27.195.855 73,5 21,0

Fuente: Comité Nacional de Geografía: Anuario geográfico argentino, Buenos Aires, 1941, p.203 -204. Ortiz, Ricardo M.: Historia económica de la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1964, t.2, p. 232.

De todos modos, desde comienzos del siglo XX y hasta 1914 el porcentual de productos agrícolas sobre el valor total de nuestras exportaciones ronda el 52 %. La Argentina se ubica entre los primeros proveedores cerealeros del mundo junto a Rusia, los Estados Unidos y Canadá, con quienes compite favorablemente por "las ventajas comparativas" que nuestro agro tiene en el mercado internacional. También en la ganadería la posición de la Argentina con respecto a sus similares de Australia y Nueva Zelanda es óptima y responde a las expectativas del "boom" agropecuario.

CUADRO 3: Posiciones relativas de la agricultura y la ganadería en las exportaciones argentinas (1880-1929) (%)

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Quinquenios Prod. agrícolas Prod. ganaderos Suma de ambos

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1880-84 6,69 89,13 95,82

1885-89 16,62 80,65 97,27

1890-94 28,80 66,40 95,20

1895-99 31,06 64,25 95,31

1900-04 46,61 48,71 95,32

1905-09 57,54 39,21 96,75

1910-14 50,78 45,11 95,89

1915-19 39,13 55.08 94,21

1920-24 58,63 36,83 95,46

1925-29 58,95 37,17 96,12

Fuente: Ortiz, Ricardo M.: Historia económica ... op. cit., t. 1, pp.312, 323 y 329

3.-COMIENZAN LOS DESENCUENTROS. DECEPCIONES Y RECLAMOS (1914-1930)

Como una expresión del balance del Centenario, se consolida la "Argentina de los partidos políticos modernos", aquellos que surgieran con los albores de la década de 1890. El acuerdo entre el Presidente Roque Sáenz Peña y el jefe de la Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen, anticipa la sanción de la reforma electoral, que se concreta entre 1911 y 1912 así como la necesidad de una participación ampliada que habrá de incorporar a los sectores medios al tablero político, de la mano del policlasista partido radical, representativo -en parte- de la exigencia de control del proceso económico por parte de las provincias, que han entrado ya en una etapa de expansión de contornos modernos.

Es precisamente la participación ampliada la que implica coincidencias básicas intersectoriales. El frente opositor a la oligarquía de base agraria y mercantil no está descontento con la prosperidad de la Argentina agroexportadora, de la cual ha obtenido considerables beneficios y, en consecuencia, muestra un consenso favorable hacia el sistema socioeconómico. No se vislumbran cambios estructurales, sino reformas moderadas capaces de poner el acento en la redistribución del ingreso y del poder económico. Así lo explicita la Unión Cívica Radical, la expresión más alta de la protesta antioligárquica de los sectores que propician el cambio político sin profundas alteraciones económicas, que configura su ideología como expresión de sus bases sociales, pero también como reacción contra sus virtuales enemigos y competidores. De ahí su énfasis en favor de la democracia, del nacionalismo hermanado con la tradición y del impulso a un Estado participativo, que se exprese como árbitro en las cuestiones económicas y sociales.

En relación con la economía, es en 1914 cuando a las dificultades que le genera a la agricultura extensiva cerealera-forrajera el llegar al límite de la expansión horizontal, se les suma la eclosión de la Primera Guerra Mundial con los inconvenientes propios del conflicto; es decir, la dificultad para disponer de bodegas suficientes destinadas al embarque de granos, la ventajosa competencia

-en términos de distancia e infraestructura- que le hacen los Estados Unidos y Canadá en el mercado internacional granero, así como los cambios en el tipo de carne que se embarca (el enfriado vuelve a dar paso al congelado) y que se adecua a las exigencias coyunturales de los mercados consumidores. Como contrapartida, a diferencia de lo que ocurre con la exportación de productos agrícolas, en el caso de las carnes, la Argentina -por calidad y por distancia- coloca su producción en el exterior con más facilidad que Australia y Nueva Zelandia, sus tradicionales competidores.

La Guerra que deteriora el volumen y el valor de las importaciones con beneficios no buscados para nuestra balanza comercial, acentúa un insipiente proceso de industrialización por sustitución de importaciones, al tiempo que afecta también otras cuestiones de orden interno y obliga al Estado a adoptar medidas de emergencia, tales como una feria cambiaria y bancaria (agosto de 1914), la moratoria interna por 30 días, la suspensión de la ley de conversión, la prohibición de exportar oro y adecuarse a la moratoria internacional. La coyuntura motiva reajustes en el agro, tales como la rotación en la explotación entre ganadería y agricultura y el aumento en el precio de la tierra destinada a fines pecuarios. A causa de la dificultad para comercializar los cereales, se acentúa hasta 1921 el descenso del área sembrada con ellos, cuando y en relación con el auge del congelado, se incrementa la superficie alfalfada (Ver cuadro 2). Se inicia la desaceleración del crecimiento en la economía argentina, que se prolonga -en coincidencia con la etapa de la participación política ampliada- hasta la superación de los ribetes más agudos de la crisis estructural y orgánica de 1930.

La burguesía terrateniente, los grandes propietarios de la región pampeana, se muestran atentos a los cambios coyunturales, pero les resulta difícil aprender a pensar un país que tenga en cuenta su mercado interno. Sólo algunos intelectuales -como los que nuclea Alejandro Bunge en su Revista de Economía Argentina a partir de 1918- son quienes llaman la atención sobre la necesidad de incorporar ajustes al modelo mirando hacia el interior de nuestra economía. La preocupación de la dirigencia económica tradicional va en aumento cuando el radicalismo, que ocupa el Poder Ejecutivo Nacional a partir de 1916, despliega su "causa" política frente al "régimen" y se dispone a aplicar la "reparación" para enfatizar el papel del Estado. La integración política entre grupos terratenientes y sectores medios urbanos es el principal desafío que debe afrontar el radicalismo en el poder y, para salir airoso de él, su propuesta será mantener la estructura socioeconómica existente, promoviendo una más amplia participación política. El primer gabinete que acompaña a Hipólito Yrigoyen en su gestión gubernativa es -como expresa el historiador Peter Smith- toda una manifestación de ese propósito: cinco de sus ochos ministros son ganaderos bonaerenses, miembros de la Sociedad Rural, o vinculados al poderoso sector exportador. La lucha por el control partidario resulta, en consecuencia, inevitable y, en 1924, se traducirá en la escisión del partido. Alvearistas o antipersonalistas e yrigoyenistas o personalistas buscarán entonces caminos diversos para consolidar el propósito que los une e identifica: la consolidación de la democracia en el país.

Es como producto de esa tensión política en la conducción de la Unión Cívica Radical, que el accionar de Yrigoyen en favor de los sectores medios urbanos en el plano económico-financiero se traduce en un sostenido e importante aumento de la presión tributaria a las producciones típicas de las provincias del interior, en marcado contraste con los beneficios que obtiene un baluarte yrigoyenista como la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Esta discriminación financiera provoca decepciones, roces y protestas aun entre los gobernadores oficialistas. Es el caso de los caudillos radicales de Mendoza y San Juan, José Washington Lencinas y Federico Cantoni -respectivamente- que en defensa de sus principios federales e intereses económico-políticos regionales se enfrentan a la conducción yrigoyenista. Decepciones y reclamos entre algunos de los representantes del poder económico y el Estado, caracterizan a la Argentina de entonces.

En la región de la pampa húmeda, la traslación de la producción agrícola hacia la pecuaria por parte de los grandes productores, reactiva el malestar de los agricultores arrendatarios, quienes desde 1918 e impulsados por la Federación Agraria Argentina, vuelven a agitar el campo. La "cuestión social" es irreversible ya como fenómeno que afecta tanto a las ciudades como al campo y preocupa por igual a la dirigencia argentina del oficialismo y de la oposición, que toma recaudos.

Los reclamos chacareros son ahora más contundentes: "la tierra para quien la ocupa y la trabaja". Para lograr sus objetivos no dudan en asociarse -aunque sólo sea circunstancialmente- al movimiento anarquista (F.O.R.A.), como lo hacen en 1920 para presionar al Estado y obtener -con todas las imperfecciones que su aplicación habrá de dejar al descubierto- la ley de arrendamientos rurales (11.170) de 1921 -varias veces modificada- y que rige las pautas de contrato para superficies arrendadas que no excedan las 300 hectáreas. Una legislación que se constituye en el primer paso hacia las sucesivas pero pausadas conquistas obtenidas por la Federación chacarera.

Los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía argentina se suman a la coyuntura descripta, cuando el centro financiero mundial se traslada de Londres a Nueva York. La crisis ganadera de posguerra (1921-1924) se precipita cuando los contendientes europeos comienzan a volver a la normalidad. El problema ocupa el centro de la escena nacional por la significación que tiene para la Argentina agroexportadora y se intenta retomar el camino de preguerra con resultados oscilantes, introduciendo las menores reformas posibles al sistema vigente. La sobreinversión en el sector ganadero durante la etapa de la conflagración europea que hace crecer el número de cabezas vacunas de 25,8 millones en 1914 a 37 millones en 1918, con una concentración de más del 80% en la pampa húmeda, va unido a un aumento similar en la exportación de carnes que pasa de 370.000 toneladas al iniciarse la guerra a 680.000 toneladas al finalizar la misma. Entre 1914 y 1929 el ganado refinado (con especialización en el Shorthorn) ve crecer su valor de 37 a 55 pesos y el interés por invertir en el sector se refuerza, así como el alza en el precio de la tierra que este interés genera.

En 1921 se confirma el cambio de exigencias de los mercados compradores. El congelado vuelve a dar paso al enfriado. Los sectores vinculados al congelado no pueden colocar el stock ganadero acumulado y los precios caen precipitadamente. El refrigerado, y con él los sectores invernadores, recobran importancia y se aprestan a recuperar el espacio perdido. La Sociedad Rural Argentina está conducida entonces por el criador Pedro Pagés, quien en nombre de los intereses que representa reclama protección al Estado nacional. Durante la gestión presidencial conducida por Hipólito Yrigoyen no se adoptan resoluciones sobre el asunto, a pesar de su vinculación con los sectores ganaderos que no están ausentes del poder. Su compromiso con los sectores medios urbanos le impiden adoptar un pronunciamiento explícito sobre la cuestión. No ocurre lo mismo durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, hombre vinculado a los altos intereses agropecuarios de la pampa húmeda. Es él quien toma una acción decisiva frente al problema y responde a las demandas de la Sociedad Rural Argentina, comprometiendo la intervención estatal.

En 1923 cuatro leyes intentan dar respuesta a la crisis ganadera. Por la primera se dispone la construcción de un frigorífico en Buenos Aires, dirigido por el Estado; por la segunda se legisla la inspección y supervisión del comercio de carnes con participación gubernativa; una tercera ley dispone la venta de hacienda sobre la base del kilo vivo; y, por último, una cuarta ley -la fundamental para superar la crisis- establece un precio mínimo para la venta de ganado con destino a exportación y un precio máximo para la venta local de carne. La oposición de los frigoríficos no se hace esperar. Se niegan a comprar carne a un precio mínimo pre-establecido, en un mercado saturado de animales que no encuentran colocación conveniente, siendo el frigorífico o el mercado interno las únicas opciones de venta. La ley debe ser suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional, quien no sólo se ve imposibilitado de dar solución conveniente a la crisis, sino que además, corre con los costos políticos que le origina la revisión de la medida legal.

La influencia del trust frigorífico entre 1924 y 1930 es indiscutible y genera contradicciones en la economía agropecuaria argentina, cuando se produce -como se dijo- la escisión en el partido gobernante. Desde la Sociedad Rural Argentina -ahora presidida por el invernador Luis Duhau- se levanta hacia 1927 el lema de "comprar a quien nos compra", en directa alusión a su rechazo hacia los nexos comerciales con Estados Unidos, cuyos frigoríficos lideran el mercado de las carnes enfriadas en el país. Los ganaderos argentinos refuerzan así su estrecha e histórica conexión con el mercado y los inversores ingleses y el 8 de noviembre de 1929 -cuando Hipólito Yrigoyen desempeña su segundo mandato presidencial en la República- se firma el Pacto anglo-argentino D'Abernon, por el cual se conviene el acuerdo de un crédito recíproco de 100 millones de pesos para facilitar el intercambio entre ambos países y con vigencia durante dos años. El objetivo es adquirir materiales producidos o fabricados en el Reino Unido y vender cereales u otros productos primarios argentinos. La crisis frustrará su ejecución y la alianza recién se formalizará, sobre otras bases, en 1933 cuando se firme el Tratado Roca-Runciman. En 1930, las exportaciones argentinas con destino a Inglaterra representan el 40,5 % del valor total, mientras las destinadas a los Estado Unidos caen de un 23,4 % en 1915 a un 10,7 % en 1930.

Mientras estas difíciles alternativas acosan a la ganadería de posguerra, la agricultura recupera el espacio perdido. Desde el Estado se renueva -con escaso éxito- la presentación de proyectos de colonización agrícola, mientras se alientan desde diversos sectores del poder agrario los incentivos a la producción agrícola y mixta a través de la granja, la huerta y la educación agraria con el propósito de radicar a la familia rural, sin modificar el sistema de tenencia de la tierra vigente, basado en el arrendamiento. Se define la zona cerealera definitivamente, cuando la expansión se interna hacia el este y sur de Córdoba y penetra en La Pampa, y el retroceso del área alfalfada -a partir de 1921- permite la expansión de la cerealicultura, el aumento en el valor de las tierras dedicadas a ese fin y el lento avance de los cultivos industriales como el girasol en Buenos Aires y el algodón en la región chaqueña.

La ley de arrendamientos de 1921, el aumento de los préstamos hipotecarios a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional en 1919, la consolidación del crédito agrícola, la sanción de la ley de cooperativas (11.380) de 1926, la fijación de tipos de cereal standard para que la calidad del producto se refleje en el precio, la conformación de una red nacional de elevadores de granos en los umbrales de los años '30, acompañan este avance signado -no obstante- por una intensa competencia en el mercado cerealero internacional. A partir de 1926 las cotizaciones mundiales del trigo y desde 1928 las del maíz decaen. Los precios de los productos agrícolas de exportación descienden en un 64 % entre 1928 y 1932, dando muestras de un deterioro del valor de los mismos aun antes del estallido de la crisis mundial de 1929. Mientras tanto, el Estado sólo se opone políticamente al "régimen", se preocupa por desactivar la "cuestión agraria" sin alterar el sistema de tenencia de la tierra y arbitra una legislación de emergencia, que acercan a la Argentina a la etapa que Guido Di Tella y Manuel Zymelmann llaman "la gran demora".

La apenas insinuante industrialización por sustitución de importaciones que promueve la Primera Guerra Mundial en nuestro país no alcanza a modificar nuestro perfil agroindustrial. La industria harinera, por ejemplo, que sufriera un alto proceso de concentración y aumento de la capacidad máxima de producción entre 1895 y 1914, en la década de 1920 y alentada por el histórico diseño ferroviario convergente hacia la ciudad-puerto de Buenos Aires, se centraliza en torno a la Capital Federal. Los pequeños molinos del interior desaparecen, mientras se inicia la sustitución de cultivos, se incrementa la capacidad de molienda en el litoral (95 % del total) promovida por la exportación y los 408 establecimientos harineros que registra el Censo Nacional de 1914 se reducen a 233 según las cifras del Censo Industrial de 1935.

También la industria vinícola, en medio de la regulación productiva y la intervención estatal, se concentra regional y empresarialmente. Las 4.317 bodegas (muchas de ellas tan solo depósitos de vinos) censadas en 1914, se reducen a 1693 (cinco o seis de ellas grandes sociedades anónimas: Giol S.A., Arizu Hnos. S.A., Tomba Hnos. S.A., Gargantini S.A., etc.) a mediados de la década de 1930. En tanto, la industria azucarera, base de la economía monoprodutora del Noroeste, oscila entre periódicas crisis cíclicas de superproducción e importación del producto. En 1921, ocho ingenios cuentan ya con refinería y no deben depender exclusivamente de la poderosa Refinería Argentina del Rosario, liderada por Ernesto Tornquist. Los cañeros producen el 43 % de la materia prima y dan muestras de su poder de negociación, cuando en 1926 a raíz de una cosecha récord y la consecuente reimplantación de la legislación reguladora de la producción que vuelve a colocar sobre el tapete al conflicto fabril-cañero, reclamen la intervención del Poder Ejecutivo Nacional.

En marzo de 1927 los cañeros desconocen los contratos firmados donde se contemplaba la calidad sacarina para fijar el precio de la caña y exigen la vuelta al precio fijo por peso de caña. La intervención del Estado nacional en la economía azucarera -tal como lo hiciera ante la crisis ganadera de los años '20- no se hace esperar. El llamado "Laudo Alvear", que alcanza expresión definitiva en 1928, da muestras de equidad tanto para permitir la liquidación de la caña correspondiente a la zafra de 1927, como en la necesidad de fijar nuevas bases contractuales que regulen la relación comercial entre compradores y vendedores de caña de azúcar, cuando se deja sentir el avance jujeño en este sector productivo. Por su parte, los gobernadores del Noroeste se reunen en 1926-27 en dos conferencias para tratar propuestas de concertación y presentar el problema azucarero, no como el que corresponde a un sector de la industria nacional, sino como "una cuestión regional" de alcance y responsabilidad nacional. El perfil de un Estado intervencionista avanza y se consolida. Hacia 1930 el nuevo régimen de ventas establecido por el "cartell" azucarero, procura y consigue coordinar intereses y, mientras cada firma conserva su personería jurídica, se obliga a: limitar la producción, establecer cuotas de venta y fijar precios para su comercialización.

Por su parte, en un marco sociopolítico más complejo y heterogéneo, en el cual toman posición destacada los representantes del nacionalismo de élite (Manuel Carlés, Leopoldo Lugones, Ernesto Palacio, Julio y Rodolfo Irazusta, entre otros) y se consolida la participación política del Ejército, los protagonistas de la expansión agraria argentina: Estado, chacareros y terratenientes, readecuan sus roles, para ajustarse a las nuevas condiciones de la Argentina agroexportadora. Lo hacen sin renunciar a sus bases tradicionales pero con matices nuevos, entre los cuales se destaca la inserción de los ingenieros agrónomos y economistas en el proceso productivo. La función del agrónomo se redefine, para destacar no sólo su significación económica, sino su misión social en el campo argentino, que se enlaza a la necesidad de arraigar al hombre rural y a su familia a la tierra que trabajan. El propósito es convencerlo -como dirá con una visión georgista Mariano de Ezcurra, presidente de la Sociedad Rural Argentina- que "el campo es bueno, sano y provechoso". Esta es la misión que se le asigna a este "grupo superior de hombres de ciencia" como los llama el Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esta "élite en el sentido agrícola" tiene desde fines de los años '10 una función muy importante que cumplir, mostrar "al agricultor lo que más le conviene". La cúpula del poder económico se pone en guardia. El Estado refuerza su papel de árbitro y los productores arrendatarios y chacareros se ajustan a los cambios cuando la Argentina se acerca a la etapa final del "crecimiento hacia afuera".

La producción agrícola sigue representando en 1930 un 58,6 % del valor total de nuestras exportaciones. De todos modos, en la Tercera Conferencia Económica de 1928 auspiciada por la C.AC.I.P. (Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, creada en 1916) -una entidad fundada en tiempos de la primera conflagración mundial para nuclear a las diversas corporaciones productivas del país- se expresa que "la ganadería y la agricultura, con ser la más sólida base de nuestra riqueza, no pueden constituir un programa económico integral". Un juicio de valor capaz de simbolizar toda una síntesis de la Argentina agroindustrial que habrá de prosperar durante los años '30 y que relativiza la expansión de los años '20, que en el ámbito mundial tiene como trasfondo: el desorden monetario unido a la crisis del patrón oro, la hiperinflación en Europa central, el repliegue de los países industriales, la rivalidad libra/dólar y la repatriación de capitales a los Estados Unidos .

4.- ACERCA DE EXIGENCIAS Y SUBSIDIOS. EL ESTADO INTERVENCIONISTA (1930-1945)

El "crack" internacional de 1929 que induce cambios en las condiciones de desarrollo agrava el convulsionado panorama político, social y económico interno y sus secuelas se manifiestan con todo rigor en nuestro país hacia 1932. La crisis se exporta desde Wall Street a los países del área capitalista desarrollada y periférica. Termina por imponer "la diplomacia del dólar", consolida los nacionalismos económicos, realínea el mercado mundial y acentúa la caída de los precios de los productos primarios. El Estado liberal entra en crisis y se activa la polarización social y el derrumbe del mercado del capital internacional.

La crisis nacional, orgánica y estructural argentina -que se preanuncia en el "Manifiesto de los 44" dirigido a Hipólito Yrigoyen el 25 de abril de 1930- muestra sus múltiples y complejas causas y sus efectos impregnan todos los planos del quehacer nacional, incluyendo el político-institucional. Tal como lo plantearan en la década de 1960 los teóricos Gabriel Almond y Lucien Pye, la Argentina padece los resultados de una "crisis nacional"; es decir y conforme a esta teoría, nuestro país sufre una crisis de identidad, aquella que lleva a un cuestionamiento por parte de la sociedad hacia la dirigencia, por su incapacidad para dar respuestas a los desajustes del modelo. Padece al mismo tiempo una crisis de dependencia relacionada con el "crecimiento hacia afuera" que comienza a mostrar sus efectos negativos y genera respuestas de adaptación a las exigencias externas cada vez más firmes de parte del sector dirigente del país.

A ellas se suma una crisis de distribución relacionada con la agudización de los problemas sociales, que reconoce dos niveles: el que se da entre los sectores dirigentes y los sectores bajos de la sociedad y aquel que se manifiesta al interior de la propia dirigencia, que complejizan aún más la crisis. Por último, las crisis de participación y de legitimidad, que completan la multicausalidad del fenómeno, son indicativas de la ineficacia del sector dirigente para resolver dentro del sistema los problemas nacionales y expresión de respuestas cada vez más autoritarias, que implican incluso el uso del fraude. Como expone Waldo Ansaldi, "el drama reside tanto en la incapacidad de la clase dominante (burguesía terrateniente) para ser dirigente, cuanto en las subalternas para construir un sistema hegemónico alternativo".

Esta "crisis orgánica" que -como demuestra el mismo Ansaldi- no alcanza a transformarse en "crisis revolucionaria", y muestra los perfiles de un proceso económico atípico (W.W.Rostow), sî, en cambio, deja al descubierto la presencia de un sector dirigente que mantiene pendiente viejos problemas y no alcanza a presentar respuestas acertadas ante los nuevos problemas emergentes de esta crisis multifacética, que pone al descubierto el agotamiento histórico de una etapa del desarrollo argentino. La reorganización jurídico-institucional que coloca al Ejército en la cúpula del poder político y reordena las relaciones sociales, la reinserción del país en el mercado mundial que alienta el bilateralismo en favor de Inglaterra, las "oportunidades alternativas" que se presentan ya antes de los años '30 -como la industria- con grupos económicos más diversificados y estrategias empresariales más cercanas al capital comercial o financiero que al productivo, indican los cambios en las reglas de juego que conllevan a la pérdida de la credibilidad o del "estado de confianza" -al que hace referencia John Keynes- y obligan a replantear la discusión en las relaciones entre la sociedad y el Estado. La dirigencia, por su parte, ante los desajustes del modelo, se preocupa -como expone Alain Touraine- "más por su equilibrio que por su transformación".

La crisis de 1930 -por sus orígenes y por sus implicancias- genera profundos cambios económicos, pero también sustanciales mutaciones políticas, apreciables alteraciones en la escala de valores vigente (orden, propiedad, ahorro) y en las mentalidades colectivas que avanzan entre la vanguardia y la tradición, generando condiciones favorables para la formulación de políticas equidistantes en el mundo occidental.

Ante estas condiciones, el Estado argentino replantea su papel, emprende una búsqueda constante del equilibrio social y económico en una sociedad que se mantiene, desde 1880, en un proceso al que Horacio Pereyra llama de "integración vertical". Sus bases: la acumulación capitalista del sector primario, la fuerte expansión en servicios, la urbanización temprana y la traslación de la renta agraria hacia áreas urbanas dan pruebas de esta aseveración. De ahí que el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930 resulte una respuesta a la frustración de expectativas, más que a una situación de "miseria profunda" o de mantenimiento del "statu quo", dice Leopoldo Allub.

En la Argentina la crisis golpea con particular dureza al sector agrario. Es evidente un retraso en la tasa de crecimiento, pierden importancia -en término de valores- las exportaciones y se ve reducida la tasa de inversión. Las diferencias de esta crisis con la ocurrida en 1890 son notorias:

* En 1890 la cantidad de moneda se triplica, en los años '30 disminuye;

* En 1890 los precios agropecuarios ascienden, en los '30 descienden en un 48 % promedio;

* La "crisis del progreso" de los '90 aparece ligada a factores monetarios y fiscales sin afectar a las fuentes productivas. En 1930 culmina la expansión, se llega al "fin de un paradigma", el del crecimiento hacia afuera;

* Por último, puede afirmarse que en 1890 los deudores rurales -por el alza en los precios de los productos- alivian sus deudas en unas dos terceras partes; en los años '30 la carga de las deudas es agobiadora ante el descenso en los precios de los productos agrícolas.

En 1931, cuando es inocultable la depreciación de la moneda (un 40%) por la transferencia de capitales al exterior, se implanta el control de cambios, que actúa selectivamente como un freno a las importaciones y genera el traslado de ingresos desde el sector agrícola al sector industrial que, como el textil, usa preferentemente materia prima nacional. La agricultura y la ganadería disminuyen su participación en el ingreso nacional, que en 1926 era de un 27,5 % y en 1933 desciende al 25,8 %, en tanto la representación de la industria fabril se incrementa de un 17,2 % a un 18,6 % en igual período. El sector industrial es el líder en cuanto a tasa de crecimiento durante los años 1933-38. Contribuyen a esa expansión: la desvalorización de la moneda, el control de cambios, el repliegue del país sobre sí mismo como consecuencia de la crisis, y la política oficial. La recuperación de la depresión de los años '30 es financiada por la transferencia de ingresos de los sectores rurales a los urbanos.

En 1933 se hace evidente la sostenida declinación en los precios de los cereales. Por esta razón el 28 de noviembre se dicta un decreto que crea la Junta Reguladora de Granos, destinada a tonificar el mercado agrícola. El objetivo -como el de otras Juntas similares: del azúcar, del vino, de la yerba mate- es regular la comercialización de la producción, evitar ventas precipitadas ante la desvalorización de la moneda corriente, mantener el nivel interno de los precios en beneficio de los productores y fijar oficialmente las cotizaciones -tal como en otros países- para comprar a precios que resulten redituables para el productor y vender al exterior al precio vigente en el mercado internacional. El Estado subsidia una vez más -y ahora de manera institucional- al agro. Los productores se amparan en los alcances de esa política que los beneficia a pesar de la poco propicia situación internacional.

Como complemento de esta medida se promueve la construcción de elevadores de granos para alentar el embarque a granel y en 1932 se crea la Red General de Elevadores de Granos, que en 1935 se constituye en una Dirección Nacional de Estado. Al mismo tiempo, se dispone la tipificación de cereales sobre standards y se organiza el crédito para los agricultores. De todos modos, cuando en 1934-35 los precios graneros mejoran, el motivo obedece a la prolongada sequía que afecta al Canadá y a los Estados Unidos. En 1935 la Argentina ocupa el primer puesto entre los exportadores mundiales de trigo. Entre 1930-34 los productos agrícolas representan el 59,8 % del valor total de nuestras exportaciones. El agro pampeano recibe los beneficios de estas buenas cotizaciones hasta 1937. Desde 1938 una nueva caída en las cotizaciones reactiva el accionar de la Junta Reguladora de Granos

La crisis de los años '30 también obliga a revisar el débil sistema bancario argentino. En 1935 se lleva a cabo la reforma monetaria y bancaria. Se crean entonces el Banco Central de la República Argentina (ley 12.155) con un capital mixto de 30 millones de m$n (10 millones suscriptos por el gobierno) destinado a ajustar la oferta de moneda a la demanda, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley 12.157) para movilizar los activos fijos. La autoridad monetaria se propone entonces evitar fluctuaciones de la actividad económica interna debidas a modificaciones de orden externo.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 acelera el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y suma sus efectos a las propuestas de los elementos nacionalistas que actúan en el Ejército y que llevan adelante el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que se proclaman favorables a la industrialización. El dislocamiento del comercio internacional, el asentamiento industrial (21% del PBI), la inflación de precios ante una política de sostén del poder de compra frente a un mercado recesivo en bienes disponibles, que se derivan de la conflagración, terminan por provocar un aumento del ahorro interno con una balanza comercial positiva ante la reducción de las importaciones.

Los productos agrícolas son los más afectados por la Gran Guerra ante la falta de bodegas y la mejor situación de nuestros competidores en el mercado internacional (Canadá y los Estados Unidos). Al iniciarse la conflagración, el total de la superficie sembrada en la Argentina alcanza los 28.360.700 hectáreas, dedicadas en más de un 73 % a cereales; en 1945 el área queda reducida a 26.186.000 hectáreas, con un descenso en la superficie cerealera -afectada por sucesivas sequías- en beneficio de las forrajeras, como un producto de la mejor situación de las carnes en el comercio de exportación argentino.

El Estado se apresta a sostener -una vez más- los precios de los granos, mientras los arrendatarios rurales denuncian a través de la Federación Agraria Argentina -ya desde 1936- violaciones a la Ley Contractual Agraria -reformada en 1932- por parte de los propietarios de tierras. En 1942, la ley 12.771 (que aunque de emergencia se mantuvo hasta 1967) reduce obligatoriamente el monto en dinero y/o en especie de los arrendamientos y suspende los desalojos, para evitar éxodos masivos de la población rural y preservar el aparato productivo agrícola frente a las contingencias que le genera la Segunda Guerra Mundial

El trigo requerido especialmente por los aliados, se transforma en el primer rubro de exportación; Brasil y España compran un alto porcentaje de este cereal. El deterioro en los precios agrícolas internos es detenido nuevamente por la intervención de la Junta Reguladora de Granos que reinicia las compras -especialmente de trigo- en noviembre de 1940. En el caso del maíz, el Estado auspicia su uso como combustible sustitutivo del carbón y como alimento de porcinos, para evitar la bancarrota de los productores. En tanto, la conflagración favorece la producción de semillas oleaginosas, se expande el cultivo del girasol y se alienta la difusión de la industria aceitera nacional. El fín de la guerra renueva las esperanzas del sector, que sólo se concretarán después de 1950, cuando se opere el proceso de tecnificación agraria que Adolfo Coscia denomina la "segunda revolución agrícola".

Entre 1930 y 1945 se preparan los cambios -de ritmo desparejo en toda la región pampeana- que son más importantes en la zona maicera:

* Una fuerte despoblación del medio rural;

* Una progresiva extinción del productor tradicional;

* Una gradual urbanización del productor agrario; y

* La ampliación de la escala óptima de la empresa agrícola. Se pasa a unidades más grandes, con el consiguiente proceso de concentración de la producción en una cantidad menor de explotaciones.

Por otra parte, nuevos reagrupamientos de los sectores agrarios dan origen a corporaciones diferenciadas que los representan. A las tradicionales Sociedad Rural Argentina (1866), la Bolsa de Cereales (nacida en 1854 como Sala de Comercio Once de Septiembre) y la Federación Agraria Argentina (1912) se suman ahora la C.A.P. (1934, Corporación Argentina de Productores de Carnes) y los criadores nucleados en la C.A.R.B.A.P. (1932), que en todos los casos se esfuerzan para aumentar sus márgenes de influencia en las gestiones efectuadas ante el Estado. La Argentina rural ante la diversificación productiva se corporativiza, conserva su importancia y procura así ajustarse a las nuevas exigencias del mercado mundial.

La ganadería, aunque sufre los efectos de la crisis de 1930, se recupera más rápidamente que la agricultura. Las carnes resultan un rubro significativo en el comercio exterior argentino. Su destino más importante -y casi exclusivo- es el Reino Unido, un comercio que es altamente dependiente de convenios bilaterales. Son los sectores ganaderos quienes nuevamente se dirigen al Estado. En esta ocasión solicitan la creación de un organismo que represente sus intereses ante los vaivenes externos. Se crea entonces la Junta Nacional de Carnes con oposición de los socialistas y apoyo decidido de la Concordancia y el Partido Demócrata Progresista. Este organismo autárquico que se propone ejercer el control del comercio de carnes, fijar normas de clasificación y tipificar el producto, revela un triunfo parcial de los ganaderos sobre los frigoríficos y reactiva los conflictos entre la Sociedad Rural Argentina y la CARBAP que exige una más amplia participación en la Junta. El conflicto ya no compromete sólo a criadores e invernadores, se traslada al sistema político.

Los intereses de la industria ganadera argentina históricamente ligados a los del sector exportador que opera con el mercado de Smithfield en Gran Bretaña, exponen su poder cuando, como consecuencia de las Conferencias de Ottawa de 1932, el Reino Unido fija restricciones a las cuotas de importación sobre productos cuyo origen no fuera el de los dominios británicos. Los ganaderos argentinos se sienten afectados. Tienen temor de perder el mercado inglés, receptor de un 90 % de nuestras exportaciones de carnes. La presión de los estancieros para modificar la política comercial exterior de la Argentina cobra cuerpo, mientras los ingleses propician -y obtienen en 1933- el descongelamiento de fondos fijado por el control de cambios desde 1931.

Tras seis meses de negociaciones, el Vicepresidente argentino Julio Roca (h) firma en Londres con el ministro de comercio británico Runciman, el 1º de mayo de 1933 el Tratado Roca-Runciman, impulsado por invernadores, frigoríficos y grandes criadores en medio de la oposición parlamentaria y nacionalista. El convenio garantizaba evitar restricciones en las importaciones de carne por debajo del 90 % correspondiente al año terminado el 30 de junio de 1932 -año de compras bajas para las carnes argentinas en beneficio de las de procedencia australiana y neozelandesa-; un 85 % de las importaciones quedaban en manos anglo-norteamericanas y un 15 % se reservaba a la C.A.P.. Ante la vigencia del control de cambios, Inglaterra obtiene un cambio favorable para las compras que de allí procedieran, cuando se fija una base doble de cambio: libre y oficial; se aseguran divisas disponibles al Reino Unido, equivalente al monto total del cambio en libras esterlinas que surgen de las ventas de productos argentinos allí. Se resuelve no gravar con impuestos el carbón y otros productos de procedencia británica, al tiempo que se asegura un "trato benévolo" por parte de la Argentina a las inversiones británicas.

Amparándose en estas cláusulas, en 1934 el gobierno compra sobrevaluado el Ferrocarril Central Británico de Córdoba, mientras se negocia con la Corporación de Transportes de Buenos Aires el otorgamiento del monopolio de los servicios urbanos, tranviarios y ferroviarios a las compañías británicas; mientras se programa un plan de nacionalización de las inversiones británicas deficitarias en la Argentina, que culminará luego de la Guerra con la compra de los ferrocarriles por parte del Estado. A mediados de 1935 los alcances del tratado respecto del comercio de carnes se discuten en el Congreso Nacional, la oposición más contundente en nombre de los criadores y pequeños y medianos ganaderos la encabeza el senador demócrata-progresista Lisandro de la Torre, quien enfrenta la defensa que hace del Tratado el Ministro de Agricultura y ganadero Luis Duhau, con los resultados por todos conocidos, que culminan con el asesinato del senador Enzo Bordabehere el 23 de julio de 1935.

Entre 1933 y 1938 aumentan las exportaciones de carnes congeladas y en conserva, pero debido a las compras que hacen Alemania e Italia a nuestro país, en tanto aumenta significativamente el consumo interno y mejoran en calidad los novillos, cuya cria se expande en toda la pampa húmeda. El estallido de la Guerra Mundial -como se expuso- beneficia la comercialización de carnes y los ganaderos argentinos se benefician con precios elevados pagados por el producto que venden. Cuando en la posguerra la coyuntura se modifique, la Junta Nacional de Carnes pasará a subsidiar momentáneamente a la actividad pecuaria. Una vez más, el estado sale a proteger el poder agrario.

Es hacia 1940 cuando en la dirigencia nacional comienza a cobrar cuerpo la necesidad de alentar "cambios estructurales", que comprendan el desarrollo del mercado interno; es cuando es manifiesta la desaceleración del crecimiento y la diversificación de las fuentes más dinámicas de esa expansión. El Ministro de Hacienda Federico Pinedo, presenta entonces ante el Congreso Nacional -para anticiparse a los temidos efectos de la conflagración- el Plan de Reactivación de la Economía Nacional, plan pro-aliado, considerado por Juan José Llach como el primer documento de Estado donde se intenta modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente. Es de carácter industrialista, procura conciliar industrialización y economía abierta, intenta fomentar el comercio con los Estados Unidos y crear un mercado de capitales. Propone alentar un programa de préstamos industriales, aumentar la construcción de viviendas, revisar las tarifas aduaneras y promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos exportables agrícolas no colocados; en síntesis, mantener abierta la economía "oficializando" la industrialización, pero dejando claramente establecido que el agro sigue siendo "la gran rueda de la economía" y que la industria actuaría a la manera de engranajes secundarios, cuyo funcionamiento sería activado cuando aquella tuviera dificultades.

La propuesta de Pinedo da cuenta de la creciente hegemonía de las posiciones industrialistas, de las dificultades por las que atraviesa el comercio internacional y de la necesidad de dinamizar la alicaída demanda interna. La acción estatal es vista como la única alternativa. El tránsito del intervencionismo al dirigismo estatal en la economía avanza. Pinedo propone movilizar los recursos financieros a través del Banco Central como ente de colocación en el mercado de bonos de ahorro y promoviendo la transferencia y movilización de los depósitos bancarios. La falta de apoyo político que lideran el General Agustín P. Justo y el radical Marcelo T. de Alvear hace naufragar el plan propuesto; "modernizante" pero tardío, con muchas cláusulas provisorias y sin contar con el respaldo de una amplia alianza socio-política.

De todos modos, a través de su lectura y el debate de sus propuestas, queda al descubierto el paulatino ascendiente del mercadointernismo entre los empresarios, militares, obreros e intelectuales. "El Plan Pinedo de 1940 y la economía política mercadointernista del peronismo originario -dirá Juan José Llach- fueron dos momentos culminantes del gran debate sobre el desarrollo económico nacional." Aunque a la Argentina le haya sido difícil lograr una estrategia de industrialización perdurable, entre 1940 y 1943 se dictan varias leyes de promoción industrial atendiendo a las exigencias del mercado interno; así en 1943 el gobierno crea el Banco de Crédito Industrial Argentino, liderado por el empresario de la industria alimenticia Miguel Miranda (durante parte de la gestión peronista Presidente del Banco Central) y al año siguiente se crea con jerarquía ministerial la Secretaría de Industria y Comercio.

Frente a los cambios, los sectores agrarios también se reorganizan y el 24 de febrero de 1943 se funda Confederaciones Rurales Argentinas (C.R.A.). Más allá de la frustración del Plan Pinedo, el país sigue esperando "la vuelta a la normalidad" y se apresta a ponderar en sus propuestas futuras el mercado interno. Un mercadointernismo que el peronismo y su planificación procurarán llevar a su máxima expresión.

Un balance de los hechos ocurridos durante el período 1930-1943, muestra la vigencia de una política de contraste que se enlaza a la vulnerabiliad propia de una economía abierta como la argentina. Por un lado el propósito, alentado desde el poder, es restaurar la hegemonía agroexportadora frente a un comercio mundial limitado. Por otro, se destaca la creciente importancia del sector industrial en medio de bajas tasas de inversión. En todo el período hay dos grandes sectores sociales ausentes, paradójicamente los más desarrollados merced a las nuevas condiciones económicas: la burguesía industrial -inconmovible frente al fracaso del Plan Pinedo y el predominio de los intereses del agro- y la clase obrera, que no se encuentra representada por ninguna de las fuerzas políticas actuantes en la Argentina de entonces.

5.- CONFRONTACIONES Y ACUERDOS. EL ESTADO DIRIGISTA, POPULAR Y OMNIPOTENTE (1945- 1955)

El triunfo de Juan Domingo Perón -líder programático de los golpistas de 1943- en las elecciones presidenciales de febrero de 1946, profundiza la propuesta de una economía volcada al mercado interno y puesta al servicio de amplios sectores populares, a quienes el propio Perón impulsara desde 1943 cuando estuviera al frente del Departamento Nacional de Trabajo, primero, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pocos meses después, y desde donde catapultara su candidatura a la Presidencia de la República.

Una política económica mercadointernista, conducida por un Estado nacionalista y popular, dirigista y planificador, capaz de concretar la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce para ese mercado interno expandido, es la que se implementa entonces en la Argentina acreedora de la posguerra. La alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera organizada, con la garantía estatal, definen la esencia del flamante gobierno populista de Juan Perón. El viraje supone un cambio en el sistema de intereses económicos dominantes y en la estructura de poder existente, para encarar las soluciones a las crisis de dependencia y distribución que en 1930 quedan al descubierto, en un país esencialmente agropecuario como el nuestro.

El Estado peronista, afirmándose en la doctrinaria y pendular "tercera posición", se orienta, en consecuencia, a consolidar la autonomía económica del país, como hilo conductor y motor de ese proceso que aspira a construir una Nación "socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana".

Para superar la crisis de dependencia, el Poder Ejecutivo Nacional nacionaliza, a partir de 1947, los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, gas, usinas eléctricas, flota fluvial, etc.), inicia la repatriación de la deuda externa -que concreta en 1952- y enuncia los principios de la ya mencionada "tercera posición". Para remontar la crisis de distribución, acredita a su favor los beneficios de la reforma financiera de 1946 que estatiza la banca, considerando patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina, y nacionaliza los depósitos para dar al Estado libertad de acción en materia de política monetaria y crediticia. Lleva a cabo un diagnóstico socioeconómico a través del Consejo Nacional de Posguerra, primer organismo argentino de planificación, y eleva al rango de entidad autárquica al Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (I.A.P.I.) que -creado en 1944- dos años después monopoliza el comercio exterior argentino y se convierte en eje del proceso de redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria nacional.

Estos instrumentos financieros, económicos y políticos son los que permiten llevar adelante los objetivos del Primer Plan Quinquenal que entra en vigencia en 1947. En él resulta claro que los sectores agrarios productores y comercializadores soportan el mayor peso del cambio que se opera desde entonces en la economía argentina.

Se inicia a partir de ese momento y hasta 1949, una etapa de expansión económica en la cual -y a pesar de las advertencias del discurso oficial- el sector rural juega un papel estratégico de gran significación. Discusiones, confrontaciones y acuerdos signan el diálogo entre el Estado -empeñado en tomar distancia de los rasgos más tradicionales de la Argentina agroexportadora sin prescindir de ella- y los diversificados actores sociales agrarios, dispuestos a responsabilizar al gobierno de los desfasajes por los que pasa el sector rural y sin renunciar a los beneficios que directa o indirectamente el cambio de política económica les puede brindar. Es por estas razones que la política agraria desplegada desde el Estado peronista, tanto antes como después de 1950, se nutre de controversias y acuerdos que -en cualquier caso- refuerzan el papel primordial jugado por este sector de la producción en la economía del país.

En noviembre de 1943, el decreto 14001 se hace eco de los reclamos de los arrendatarios y concede una rebaja obligatoria del 20 % en el precio vigente para los arriendos, con el propósito de amortiguar los efectos de la difícil situación financiera por la que éstos atraviesan, al tiempo que mantiene en vigencia la prórroga de contratos y la suspensión de los juicios de desalojo que fijaba la ley 12771 de 1942. La Federación Agraria Argentina se entusiasma con estas medidas, a las que considera un paso previo a la resolución del histórico problema de la tenencia de "la tierra para quien la ocupa y la trabaja", que -recogiendo el slogan agrarista de 1918- desde 1944 es impulsada por el Consejo Agrario Nacional (creado en 1940) mediante algunas expropiaciones en áreas espaciales de regular productividad, que intentan dar contenido a los enunciados del capítulo XI del Manual del peronista que -recogiendo palabras de Juan Perón- proclama que "el que tenga la tierra ha de laborarla; y el que no pueda pagar peones, debe trabajarla personalmente. Por otra parte, si no es capaz de trabajarla, que la venda".

La estrategia desde allí implementada, si bien hace pensar en las preliminares de una anunciada "reforma agraria", en realidad impulsa -sin desearlo- un proceso de desinversión en el agro, cada vez que las prórrogas sucesivas de los contratos de arrendamiento sólo provocan la no rotación productiva con la consiguiente pérdida de fertilidad del suelo y menores rindes, así como un escaso compromiso de parte de arrendatarios y propietarios para reinvertir parte de su renta en el campo, del cual no pueden disponer libremente. El propósito del oficialismo es mantener el equilibrio intersectorial entre propietarios, arrendatarios y exportadores, para evitar un desgaste del poder político y la puesta en tensión de todo el sistema. Sin incentivos económicos, el área sembrada va a retroceder, pasando de 27.598.400 hectáreas en el año agrícola 1946-47 a 23.577.400 hectáreas en 1950; en tanto entre 1946 y 1949 el volumen de la producción agrícola declina en más de un 10 %.

Por otra parte, la proliferación de sociedades anónimas agrarias, inmobiliarias, constituidas desde la segunda mitad del decenio de 1940, con la participación de familiares de los propietarios originales -que la Federación Agraria Argentina denuncia como una "simulación del fraccionamiento de los latifundios" y cuya constitución registra la documentación bancaria hipotecaria- indican que se ha iniciado la aceleración del proceso de fraccionamiento de grandes propiedades rurales en explotaciones medianas, a través de esa argucia que, por un lado las exime del pago del impuesto a la herencia y, por otro, les permite conservar la propiedad a través de acciones innominadas. Se anticipan así a los efectos de una posible "reforma agraria", que el mismo Perón parece dispuesto a llevar a cabo en los albores de su ascenso al poder. Así lo deja entrever en el discurso que pronuncia en San Andrés de Giles, el 30 de noviembre de 1944, al proclamar que "el problema argentino está en la tierra", y que si ésta permanece improductiva sobrevendrá la expropiación en favor de quienes sean capaces de explotarla.

Las expectativas de los actores sociales rurales, arrendatarios y propietarios, frente al accionar del gobierno peronista se acrecientan. Ambos esperan definiciones. En tanto el Estado, que comprende las posibilidades de la nueva coyuntura e intenta satisfacer las necesidades de un electorado rural importante en número (31 % del total de votantes), se esfuerza por orientar y dirigir ese proceso para mantener el control del mismo, en momentos en que se perfilan exigencias desde dentro y desde fuera de la estructura agraria.

El Estatuto del Peón Rural de 1944, dado para reglamentar las condiciones laborales de los asalariados agrarios permanentes, el Estatuto del Tambero-Mediero de 1946, la atención prestada al Centro de Oficios Varios que sindicaliza a los peones estacionales o transitorios, así como la propuesta de reforma agraria sustentada por el Consejo Agrario Nacional, a través de los planteos de Antonio Molinari y Mauricio Birabent, que incluye -en 1945- la entrega de títulos provisorios de propiedad, algunas expropiaciones y un gran despliegue propagandístico, son decisiones que aunque adoptadas -en muchos casos- antes de 1946, el peronismo hace suyas; pero que no se profundizan en toda su extensión después del ascenso de Juan Domingo Perón al gobierno de la República. Entonces, el flamante Presidente de los argentinos expone ante el Congreso Nacional que la política agraria podía resumirse en una advertencia; aquella que en esta ocasión se empeña en recordar que: "la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo".

Si el discurso suena amenazante, los hechos muestran confrontaciones pero también acuerdos. La titularidad de la cartera de Agricultura durante los inicios de la gestión peronista, entre 1946 y 1947, queda en manos del hacendado Juan Carlos Picazo Elordy, con intereses agropecuarios en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, miembro del Directorio de la firma "Carlos A. Fossatti y Cía S.A., Comisiones y Mandatos" y hombre de la tradicional Sociedad Rural Argentina que representa desde 1866 los intereses de los grandes estancieros y terratenientes, especialmente asentados en la rica pampa húmeda. También su sucesor, el ingeniero agrónomo Carlos Alberto Emery, pertenece a la Asociación Criadores de Ganado Holando Argentino y se había desempeñado como técnico en la usina de productos lácteos "La Vascongada" durante la década de 1930. Además, las reformas sociales que se dirigen a beneficiar a los sectores más bajos del campo son presentadas por el Ejecutivo Nacional como indispensables para la evolución de la empresa agraria, que debe amortiguar potenciales conflictos. La oscilación entre disensos y acuerdos permite -por ejemplo- al mismo Poder Ejecutivo de la Nación disponer el recorte de las atribuciones del Consejo Agrario Nacional cuando quienes lo conducen alientan una reforma agraria radical. Se inicia entonces la etapa de controlar los cambios; alejándose del organismo sus figuras principales: Antonio Molinari y Mauricio Birabent, auténticos promotores de "la revolución agraria".

La planificación económica sustentada por el peronismo motiva la necesidad de sostener una producción agropecuaria creciente y minimizar el conflicto social para hacer posible -sobre bases genuinas- la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria. Para lograr sus fines Perón cuenta con dos instrumentos de financiación de notable eficiencia: el I.A.P.I. y la reforma bancaria de 1946. El primero comercializa la producción agraria, comprando a precios mínimos al productor y vendiendo en un mercado mundial que por entonces paga precios altos por los cereales. La diferencia así generada constituye el capital para implantar una política crediticia que, a partir de esa reforma, se ajusta a los objetivos fijados por el Estado.

En 1948, el Presidente de la Sociedad Rural Argentina José Alfredo Martínez de Hoz, al inaugurar la exposición rural de ese año, se pregunta, "¿qué sería de la industria y del comercio si desapareciese la riqueza rural?" y reclama definiciones al gobierno nacional. "Pobre país -añadía- el que tiene una ganadería deprimida, sofocada o aletargada por la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de incentivo para trabajar"; invitando al Estado a impulsar una actividad agropecuaria progresista, próspera, en un clima de "precios remuneradores y estabilidad económica y social". El campo hace oir así su voz y su reclamo frente a una política económica que pone el acento en la expansión industrial, redistribuyendo a través del crédito la renta agraria.

Las grandes fábricas radicadas en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, pero también los pequeños y medianos emprendimientos, se benefician con el apoyo financiero que les otorga el Banco de Crédito Industrial Argentino y -en menor medida- el Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires. El crédito concedido es utilizado no sólo para la expansión de sus plantas, sino para la compra de materias primas, el pago de sus deudas y de los salarios, jornales, aguinaldos y vacaciones del personal que ocupan.

Pero, más allá de las advertencias del discurso oficial y de los reales subsidios que la industria recibe, los sectores agrarios no quedan excluidos del otorgamiento de créditos en esta etapa de fomento industrial. Así lo demuestra la documentación bancaria de la época. El beneficio alcanza no sólo a los pequeños productores que suscriben el crédito rural de habilitación -de bajo interés y largo plazo de reintegro- sino a estancieros, frigoríficos (Sansinena S.A. de carnes y derivados; Wilson y Cía. S.A.I.C.; The Smithfield and Argentine Meat Co. Ltd.; Gualeguaychú S. A.; Cía Swift de La Plata S.A.; C.A.P.; entre otros), compañías inmobiliarias (Goñi y Cía.; Sagasti Inmobiliaria Industrial, Comercial y Financiera S.A.; Casimiro Polledo S.A.; S.A.D.O.P. S.A. Inmobiliaria, Comercial y Financiera; etc.) y grandes productores que desde tiempo atrás diversifican sus inversiones en otros rubros de la actividad económica o en el mismo pero en regiones marginales. Todos ellos cuentan con el importante auxilio del crédito oficial.

Entre 1946 y 1950 el Banco de la Provincia de Buenos Aires -que tiene una base económica esencialmente agropecuaria- entrega créditos que oscilan entre m$n 30.000 y m$n 1.750.000 a importantes empresas ganaderas, consignatarias e inmobiliarias de esa poderosa provincia argentina. Dan testimonio de esa política los préstamos otorgados a Juan Berisso Hnos. S.A.; Bullrich y Cía. Ltda. S.A.; Uribelarrea Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera S.A.; Alpesa Inmobiliaria; Chivilcoy S.A., Financiera e Inmobiliaria; Estancias Bella Vista S.A.; La Agrícola Ganadera S.R.L.; Estancias Leonardo M. Rodríguez Gaete y Cía.; Estancias Marré S.A., Industrial y Agropecuaria; Cabañas y Tambos "San Miguel" S.A., entre muchos otros.

El Banco de la Nación Argentina, por su parte, acuerda -durante ese mismo período- créditos agrarios de entre m$n 400.000 y m$n 1.000.000 a grandes hacendados como Jorge Atucha, María Josefina de Riglos, Ernesto Segal e Hijos S.R.L., Jorge Pereda, Francisco Pedro Alvarez, Inés Anchorena de Acevedo, Estancias La Martona S.A., Pedro Merlini e Hijos S.R.L., Alejandro Ramón y Ricardo Santos Santamarina, Felisa Naón de Santamarina, Félix Sola y Virginia Menta de Sola, Luis Magnasco y Cía.Ltda. S.A., El Cimarrón S.A. Agrícola y Ganadera, Estancias Unidas del Sud S.A., se destacan entre muchos otros que hacen uso del crédito oficial. También se benefician con los préstamos de esta casa bancaria casi todos los ingenios azucareros tucumanos, las sociedades anónimas vitivinícolas radicadas en Cuyo y las más importantes empresas tabacaleras del país; en estos casos con un interés preferencial que oscila entre el 4,5 y el 5 % anual (el interés ordinario es de un 7 % anual).

Más de dos docenas de cooperativas agrarias (Sancor Cooperativa Ltda., Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Dulce (Salto), La Previsión Cooperativa de Seguros Agrícolas Ltda., Cooperativa Agrícola Regional de Villa Angela Ltda. (Chaco), Cooperativa Agrícola y Caja Regional de Préstamos y Ahorros Machagai (Quitlipi), Cooperativa Agrícola El Progreso Ltda. (Roque Sáenz Peña), Cooperativa Agrícola Ministro Le Bretón Ltda. (Resistencia), etc.) también se benefician con los préstamos de estos y otros bancos oficiales; en tanto se incrementa -ya en 1947- el apoyo financiero para la compra de reproductores vacunos y lanares. Un número no despreciable de consignatarios y empresas importantes dedicadas a la comercialización granífera también obtienen créditos de hasta $ 2.000.000 durante este quinquenio en que el I.A.P.I. consolida su accionar en favor de la industria nacional. Colombo y Magliano S.A., Nidera Argentina S.A.; Casimiro Polledo S.A.; Bunge y Born S.A.; Portalis y Cía. Ltda.; Louis Dreyfus y Cía. Ltda. S.A.; Cohen y Matarasso S.R.L.; La Plata Cereal Co. S.A.; Buenos Airesw Eximport S.A., pueden citarse como ejemplos de un conjunto mucho más numeroso.

Los parámetros de la política agraria peronista combinan medidas económicas, política de tierras y concesiones laborales para dar respuesta a una creciente "presión nacional sobre la tierra" que pretende un aumento sostenido de la producción para beneficiar a los sectores priorizados por el Plan Quinquenal de 1947 y -a la vez- anticiparse a los posibles conflictos entre los diversos sectores rurales y entre ellos y el Estado nacional. El discurso oficial advierte, el de los sectores agrarios reniega de ese avance estatal sobre sus intereses, pero ni uno ni otro llevan el enfrentamiento al terreno financiero. El crédito no es un instrumento de confrontación.

Los bajos precios que el I.A.P.I. paga a los productores rurales, la prórroga de los contratos de arrendamiento, el congelamiento de los cánones pagados por el arriendo de campos y el aumento de los salarios rurales, distorsionan las relaciones agrarias y -sin duda- se reflejan en el decrecimiento del área sembrada. Al mismo tiempo, las posturas del sector agrario frente al proceder estatal se dividen y varían según el grado de diversificación inversora de la cúpula agraria, pero -de todos modos- parte de ese deterioro se repara con el apoyo oficial que llega a través del crédito concedido aun para que los patrones y propietarios puedan pagar las mejoras sociales acordadas por el oficialismo a los peones rurales.

Hacia 1949-50 las condiciones internacionales cambian, descienden los precios agrícolas mundiales ante las abundantes cosechas de Europa, el Canadá y los Estados Unidos de América del Norte y la inflación -después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (1949) que suprime la restricción en la emisión monetaria- comienza a jaquear a la economía argentina. El plan económico peronista muestra sus limitaciones. Los sectores agrarios aprovechan la coyuntura y endurecen sus reclamos frente al gobierno, al que obligan a definirse. El sistema financiero puesto al servicio del Estado es el que permite entonces alentar un rápido "cambio de rumbo", y con él, "la vuelta al campo". Se abre así otro ciclo económico para la "Nueva Argentina".

La caída de los precios agrícolas en el mercado mundial reduce notablemente los altos beneficios obtenidos por el I.A.P.I.. La economía argentina debe cambiar el rumbo. El Estado revisa la doctrinaria "tercera posición" y su política toma perfiles más liberales. El Reino Unido y los Estados Unidos siguen siendo los destinos principales de nuestras exportaciones. Desde l948 los términos del intercambio se deterioran, nuestra economía sufre el impacto; se hace necesaria una reorientación si se quiere reforzar el crecimiento nacional. El momento parece llegar en los umbrales de los años '50. La inversión externa se pondera en otros términos y el discurso gubernamental cambia su lenguaje aunque sin dejar de lado la confrontación; la sociedad argentina ya no se sectoriza en pueblo vs. oligarquía, sino en peronistas vs. antiperonistas, obligando a los actores sociales a definirse políticamente.

CUADRO 4: Términos del intercambio (1945-1952) (Base 100=1950)

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Años Términos del intercambio Vol. de exportaciones Vol. de importaciones

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1945 86,5 106,1 44,4

1946 96,0 123,0 81,5

1947 101,3 115,5 162,5

1948 117,6 97,3 165,4

1949 101,0 72,5 116,8

1950 100,0 100,0 100,0

1951 97,2 78,6 114,0

1952 73,3 51,0 82,3

Fuente: Economic Bulletin for Latin American, vol.1, núm.1, enero de 1956, p.30.

Al inaugurar las sesiones legislativas, el lº de mayo de 1950, el Presidente Juan Perón advierte que "el sentido de nuestra independencia económica no es de orden aislacionista" y añade -descalificando a las críticas opositoras- que "todo cuanto hemos hecho ha sido precisamente para asegurar un promisorio porvenir a la economía agropecuaria". El nuevo mensaje se difunde, una y otra vez, a todo el cuerpo social. "El Presidente de la República , General Juan Perón, aconseja producir más y consumir menos", destaca un libro de lectura de esa época utilizado por los niños de los primeros grados de la escolaridad primaria. En tanto, el Segundo Plan Quinquenal al alcance de los niños (para quinto y sexto grado del ciclo primario) informa que "Perón quiere que el campo produzca mucho y que su población humana sea feliz (...) Las asociaciones de campesinos o cooperativas le facilitarán la maquinaria para poder producir más con menos trabajo. El Gobierno fijará los precios más altos a los productos del campo (...) En todas las escuelas se difundirá la benéfica acción del campo. Muchos niños y jóvenes se dedicarán a las tareas agropecuarias".

Es a todas luces evidente que la economía argentina de los años '50 se contrae frente a los cambios coyunturales externos e internos. Los reajustes financieros promueven la inflación que va en aumento sostenido. Una vez más, la mirada de la dirigencia nacional se dirige al campo, a la espera de encontrar allí soluciones rápidas y seguras para paliar la crítica situación económica. El I.A.P.I. modifica sustancialmente su operatoria y se apresta a subsidiar a la producción rural, que con lentitud -después de las sequías de 1951/52- inicia una etapa de recuperación. La importación de maquinaria agrícola -con cambio preferencial para sus introductores-, los créditos al productor rural y la adquisición de la producción agraria a precios capaces de contrarrestar la baja internacional de las cotizaciones e incentivar a quienes se dedican a la actividad agropecuaria para provocar un alza en la rentabilidad, forman parte de las estregias que implementa el organismo para dar cumplimiento a los objetivos que en materia económica propicia ahora el Estado. Para concretar el cambio de rumbo, el I.A.P.I. se endeuda con el sistema bancario oficial a un ritmo vertiginoso y al ser liquidado en 1956 su deuda se calcula en 20.000 millones de pesos.

CUADRO 5: Importación de maquinaria y equipo (1945-1950) (en 10 pesos de 1950)

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Año Máquinas para agricultura Máquinas para industria

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1945 12,1 76,0

1946 54,4 308,6

1947 193,0 925,3

1948 257,6 1.393,5

1949 93,0 865,5

1950 166,6 652,1

Fuente: NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: El desarrollo económico en la Argentina, Santiago de Chile, 1958.

Las entidades empresariales representativas del agro aprovechan la oportunidad y no tardan en elevar un Memorial al Presidente Juan Perón refiriéndose a la "situación lesiva del ordenamiento jurídico-económico-social imperante", en una actitud que compromete el accionar gubernamental, apercibido ya de la necesidad de readecuar el rumbo económico conforme a las nuevas pautas coyunturales internas y externas.

Para obtener una respuesta rápida y positiva a las crecientes exigencias de aumento en los niveles de la producción agraria, el Estado reorienta la política económico-financiera dispuesta a favorecer ahora a la mecanización agrícola, a los precios que reciben los productores por sus materias primas y al cooperativismo agrario que es visto entonces como un medio eficaz para reducir los costos de intermediación. El discurso y el crédito oficial se adecuan a los tiempos y a sus circunstancias.

El Presidente Juan Domingo Perón se esfuerza entonces por destacar la adopción de "una serie de medidas tendientes a estimular al productor agrario" y reclama a los legisladores su apoyo a "la acción del Poder Ejecutivo en esta campaña de reactivación agraria", reconociendo en 1951 que "lo justo es que ahora la independencia económica sirva al bienestar del campo argentino". Pero las malas cosechas de 1951/52 afectadas por la sequía, acentúan la crisis económica del país y obligan al gobierno a profundizar sus definiciones.

La crisis alcanza su máxima expresión en 1952. Entonces el Poder Ejecutivo Nacional da a conocer el Plan Económico de Emergencia. Sus cláusulas son precisas y proponen acentuar la producción y reducir el consumo, revisar las disposiciones sobre trabajo rural que impiden a los productores usar sus propios medios de transporte y solicita la colaboración de las organizaciones patronales y obreras para eliminar de los convenios laborales toda circunstancia capaz de limitar la producción sin causa justificada.

La política de precios agrarios anticipados, los subsidios agrícolas otorgados por el I.A.P.I. -que ya en setiembre de 1950 adeuda al Banco de la Nación Argentina más de 52 millones de pesos-, la rebaja en dos puntos de las tasas de interés para el crédito agrario y una mayor mecanización de las tareas rurales (Plan trienal desde 1949 para importar tractores e implementos agrícolas) resultan medidas de aliento y protección al sector, que se ve fortalecido al tiempo que se deteriora y resquebraja la alianza intersectorial que respaldara el ascenso de Juan Domingo Perón al poder.

En el primer quinquenio de la década de 1950, el Estado hace menores concesiones a los asalariados del campo -que ven estancados sus ingresos-, reduce al mínimo su intervención para entregar la tierra en propiedad a los productores arrendatarios y se esfuerza por concientizar a colonos y pequeños arrendatarios acerca de la necesidad de mejorar los rindes y evitar la erosión del suelo a través de múltiples campañas en el ámbito rural. Estas acciones sumadas al viraje económico refuerzan las bases de poder de los grandes propietarios y estancieros, quienes tendrán un papel de gran importancia en el derrocamiento de Perón (setiembre de 1955) y en la política económica implementada por los hombres de la "Revolución Libertadora".

Acorde con el "cambio de rumbo", otros son los destinatarios principales del crédito oficial. Los componentes principales del sector rural: frigoríficos, cooperativas agrarias, estancias, empresas productoras e introductoras de maquinaria e instrumental agrícola, son quienes -si bien nunca habían sido excluídos de los beneficios de esa prestación- resultan ahora beneficiados con préstamos más amplios, reducción en las tasas de interés y con una generalización de los créditos de habilitación rural o de fomento, es decir, a bajo interés y largos plazos, dirigidos desde entonces a todo el espectro socio-rural y no sólo a los pequeños productores. Además del Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires que refuerzan su tradicional apoyo al campo, también el Banco Industrial de la República Argentina reorienta parte de sus recursos hacia esta área de la economía a partir de 1950.

La Asociación de Cooperativas Argentinas Ltda., con sede en Villa Constitución (Santa Fe) que agrupa a 29 cooperativas dedicadas a la producción de aceite de lino obtiene de la sucursal Rosario del Banco Industrial un crédito por m$n 3.900.000, a pesar de su situación calificada como "económicamente deficiente" por el cuerpo técnico bancario. El préstamo se destina entonces a cancelar el pasivo y comprar materias primas, cuando la Asociación plantea la posibilidad de ampliar sus actividades a otros ramos agrarios. El interés del 4 % y el plazo de reintegro del préstamo fijado en 5 años, dan muestra concreta de la situación de privilegio que gozan estas entidades a partir de los años '50.

Otro caso interesante es el de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda. (740 asociados) ubicada en la zona tambera bonaerense, que recibe en 1950 varios pequeños créditos de fomento industrial a 5 años de plazo y con un interés anual del 4 %, a pesar de los informes técnico-bancarios negativos. El Banco fundamenta los sucesivos acuerdos indicando que los créditos se otorgaban "por tratarse de una cooperativa que, al industrializar sus productos, defiende la producción agropecuaria, en cuyo fomento está empeñado el Superior Gobierno de la Nación". Se estima que las dificultades de la entidad se deben a la disminución de la producción lechera a causa de la prolongada sequía, el mal estado de los caminos y el reducido número de asociados que entregan su producción a la cooperativa. Se apoya entonces a la cooperativa en tanto ésta se compromete a "inculcar en la totalidad de sus asociados el espíritu de la Ley de Cooperativas, en el sentido de que todos deberán entregar su producción a la entidad".

Otras instituciones cooperativas del agro se benefician con la reorientación económica. Entre ellas merecen citarse: la Cooperativa Agraria e Industrial de Chacabuco; la Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Arribeños; la Cooperativa Agrícola Regional Villa Angela; la Cooperativa Agrícola Tambera de J. Craik Ltda.; la Cooperativa Agropecuaria de Alvear Ltda.; la Cooperativa de Tamberos Ltda.; la Cooperativa de la Industria de la Carne; "La Suipachense" Sociedad Cooperativa Ltda., que obtienen desde 1950 créditos del Banco Industrial por sumas que oscilan entre m$n 1.300.000 y m$n 4.380.000, con interés preferencial de entre el 4 y el 5 % y plazos de reintegro que llegan hasta los 10 años, con el propósito de auxiliar a sus socios. Mientras, en 1945, las cooperativas obtienen créditos de este Banco por m$n 183.000, un quinquenio después los reciben por valor de m$n 12.768.000.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina -por su parte- también les hacen llegar su auxilio financiero. La entidad bancaria nacional les acuerda créditos que oscilan entre m$n 800.000 y m$n 3.500.000, en tanto la bonaerense suele hacer concesiones de alrededor de m$n 1.000.000, aun antes de la reorientación económica de 1950. En ambos casos con intereses preferenciales que oscilan entre el 4,5% y el 5%. Las más beneficiadas por los acuerdos del Banco de la Nación Argentina son las cooperativas algodoneras del Nordeste del país (Agrícola Regional de Villa Angela, Machagai Ltda., "Santa Sylvina" de Villa Angela, "Toba" de El Zapallar, "Las Breñas" de Charata, "Unión y Progreso" de Roque Sáenz Peña, "El Progreso" de la misma localidad chaqueña, "Avellaneda" Coop. Ltda. de Reconquista, "Ministro Le Bretón" Cooperativa Agrícola y Caja Regional de Ahorros y Préstamos, son algunas de ellas) y las agrícolo-ganaderas y de seguros agrícolas de la provincia de Buenos Aires (como las de Arroyo Dulce, Agrícola Ganadera "Marcelino Ugarte" de Salto, Agropecuaria Ltda. de Carabelas, "La Previsión" de Tres Arroyos, Cooperativa Agraria de Las Flores, Cooperativa Agrícola Ganadera de Coronel Suárez, Tamberos Unidos de Campana, etc.), quienes por razones jurisdiccionales reciben el principal apoyo financiero del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Las empresas productoras de maquinaria agrícola y elevadores de granos como CEMAC S.A.I.C.; Cosechadoras Bernardín S.R.L.; Establecimientos Metalúrgicos "Oncativo" S.R.L. (Rosario); Establecimientos Metalúrgicos Argentinos S.R.L.; Fábrica de Máquinas Agrícolas S.A. (Bahía Blanca); Fertimaq S.R.L. (Paraná); Ficosa S.A. (Rosario); Forja S.R.L. (Rosario); GERMOR S.R.L. (Rosario); S.A. Juan Istilart Ltda; Talleres Coghlan S.A.; T.I.M.S.A., entre otras obtienen préstamos del Banco Industrial a 5 años de plazo de reintegro por valor de entre m$n 1.000.000 y m$n 8.000.000, con destino a evolución, pago de sueldos y jornales, compra de materia prima, a sólo el 4 % de interés anual; y cuando la mecanización agraria se impulsa con decisión desde el Estado.

El Banco de la Nación Argentina, entidad financiera estrechamente vinculada al campo, ya en 1949 decide impulsar el otorgamiento de préstamos especiales para la adquisición al I.A.P.I. de automotores y maquinarias agrícolas (Circ. 905 B) y también para la compra de inmuebles rurales e introducción de mejoras en ellos (Circ. 938), "tratando de que en forma preferente beneficie a quienes adquieran la tierra que han venido trabajando como arrendatarios", dice la circular de referencia. La mecanización agraria "para ir dejando a un lado toda explotación empírica, reñida ya con la potencialidad económica y el progreso", es un objetivo explícito del Banco de la Provincia de Buenos Aires en coincidencia con los del gobierno provincial y nacional. Se reglamentan en tal sentido los préstamos especiales para la compra de maquinaria agrícola e instalaciones de ordeñe mecánico para tambos, dentro del régimen de crédito rural de habilitación ya existente y cuyo otorgamiento crece en más de un 90 % entre 1948 y 1949. Reducir costos y economizar mano de obra al tiempo que se intensifica la producción, es la consigna del momento y el poder económico agrario en sus distintas manifestaciones se acoge a sus beneficios. Entre 1946 y 1951, esta entidad bancaria concede préstamos de entre m$n 40.000 a m$n 8.000.000 a las empresas dedicadas a este ramo.

Los frigoríficos grandes y medianos, por su parte, incrementan sus posibilidades de acceso al crédito. Sansinena S.A., Swift de La Plata S.A., Wilson y Cía., "La Negra" S.A., The Smithfield Argentine Meat Co. Ltd., Frigorífico Gualegaychú, "La Pampa" S.A., entre otros, son algunos de los establecimientos que obtienen refuerzos en los créditos que ya tenían en la banca oficial, y cuyas sumas en cada operatoria oscilan ahora entre los m$n 2.000.000 y m$n 5.000.000, aunque en muchos casos las empresas registren deudas con el Instituto Nacional de Previsión Social. Las sumas concedidas se destinan a ampliar sus plantas fabriles, comprar hacienda y pagar salarios. El interés anual que deben pagar oscila generalmente entre el 6% y el 7%.

Las empresas agropecuarias de gran arraigo en el país, como Kasdorf y Cía. S.A., "La Martona" S.A., Luis Magnasco y Cía Ltda., "La Vascongada" S.A., Luis Minetti y Cía S.A. (Rosario) -para citar sólo algunos casos- reciben considerables préstamos de los bancos oficiales. El Banco Industrial -por ejemplo- les acuerda créditos que oscilan entre los m$n 500.000 y m$n. 2.000.000, para financiar con ellos las construcciones y modernización de equipos de estas empresas, así como la compra de materia prima y el pago de sueldos y jornales, con reintegro a mediano y largo plazo.

Estos ejemplos permiten comprender la conformidad de los sectores agrarios con las resoluciones adoptadas entonces por el Estado peronista. En enero de 1953 lo hace explícito la Sociedad Rural Argentina, al poner de manifiesto su beneplácito porque "se aumentaron los precios oficiales para los productos de la cosecha; se dio libertad de precio para la carne -añade- ; se facilitó y fomentó la compra e importación de maquinaria agrícola; se dieron normas sobre trabajo rural"; y expresa su satisfacción porque "se fomentó la creación y el desarrollo de cooperativas rurales; se dio una nueva estructura al organismo oficial regulador del comercio de carnes, trasladándolo a la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación; se llegó a un feliz acuerdo con Gran Bretaña sobre comercialización de nuestra producción pecuaria exportable y se tomaron una serie de medidas oficiales, todas ella encauzadas a estimular la producción rural al grado máximo". Los acuerdos y coincidencias con el Estado se hacen públicos, augurando "un amplio éxito del Plan Quinquenal", dado a conocer en 1953.

En febrero de ese año, Mundo Agrario recoge las palabras del Ministro de Agricultura de la Nación, escribano Carlos Hoggan, destacando el impulso dado a la función de los técnicos, a la protección agropecuaria, a la defensa de los recursos naturales y al fomento de la investigación y la asistencia técnica agraria. El titular del mes de junio de esa publicación oficialista va más allá, al consignar que: "Agricultores felices y en gran número quiere el General Perón", cuando -por su parte- el Presidente de la Nación afirma que "se ayudará al campo en toda forma", que se va a incentivar "la explotación racional del suelo", promoviendo la mecanización rural y la racionalización para "crear unidades económicas".

El Segundo Plan Quinquenal (1953-57) consolida esa renovada política agraria, con el fomento de una mayor y mejor producción en relación con el mercado interno y los saldos exportables, el anunciado fomento a la colonización y el reordenamiento en el uso de la tierra, el crédito, la mecanización de las unidades de producción, la tipificación de los granos, el impulso al cooperativismo y la implantación de un sistema impositivo que promueve una explotación racional del suelo. La planificación se ocupa en el capítulo X de la acción agraria, con un objetivo fundamental: "procurar el nivel social, material y cultural de la población rural, consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural -productores y obreros- bases esenciales de la economía agraria".

En estos términos y con estas acciones, el peronismo acerca su propuesta y el tenor de su discurso a los sectores rurales. Reconoce públicamente que "el campo necesita seguridad y tranquilidad para producir", afirma que "no hay latifundio si la tierra produce" y, además, que es necesario procurar "reformas sociales equilibradas".

Un año más tarde, Perón admite que "la recuperación de la economía nacional de 1953 se originó en el sector de la producción agraria". Una reactivación que se identifica con "la más rápida y eficaz mecanización del campo", así como con la "organización de sindicatos agrarios y las organizaciones cooperativas de productores agropecuarios", receptoras -estas últimas- del 45 % del volumen total cosechado. Estas reformas producen a la economía nacional un ingreso de m$n 12.300 millones, duplicando al de 1952.

Las limitaciones en el camino recorrido son reconocidas así tempranamente por el mismo Presidente Juan Perón en la presentación que hace ante los legisladores del Segundo Plan Quinquenal. A modo de balance y juicio de valor, dice entonces que: "El Primer. Plan Quinquenal realizó fundamentalmente la reforma económica, echando las bases de la Independencia y de la Economía Social, para afianzar la Justicia Social y refirmar la Soberanía Política. El Segundo Plan Quinquenal tiene como objetivo fundamental consolidar la Independencia Económica, para asegurar la Justicia Social y mantener la Soberanía Política". Los verbos empleados en el discurso -aquí especialmente subrayados- definen tiempos de ajuste para el conjunto de la sociedad argentina, propuestos desde la cúpula gubernativa y partidaria.

Es notorio que el peronismo, a partir de 1950, revisa su política económica e incorpora a ella un número ponderable de prácticas liberales. Esta coyuntura obliga a destacar la heterogeneidad de ese proceso, que las explicaciones historiográficas generales referidas al tema no destacan. El estudio de casos muestra cómo se acentúa progresivamente el acuerdo de créditos en favor del agro, a cuyos diferentes sectores el Estado peronista nunca excluyó de sus beneficios, aunque el lugar primordial lo ocupara la industria, como ocurriera hasta 1950. Las modificaciones económicas que el gobierno de Juan Perón debe necesariamente introducir para adecuarse a los tiempos, también lo obligan a adaptar el discurso oficial -cada vez más identificado con el partido- corrigiéndose a sí mismo y dando muestras de "profesar una ortodoxia para con los mandatos de la realidad, que suele contrastar con las ortodoxias doctrinarias", como afirmara Arturo Jauretche al asumir su cargo de Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador bonaerense Domingo Mercante.

6.- GRITOS Y SUSURROS. NUEVAS IMPOSICIONES AGRARIAS (1960-1990)

La toma del gobierno nacional por los hombres de la "Revolución Libertadora" -en un marco de confrontación social aguda- provoca el regocijo de la élite agraria y de muchos de los integrantes de los sectores medios del campo argentino, al tiempo que profundiza los cambios en el medio rural que el propio peronismo había iniciado con el consenso de los sectores del agro de la poderosa región pampeana. El General Eduardo Lonardi primero y, luego, el General Pedro Eugenio Aramburu buscan desde la Presidencia de la República que tienen a su cargo, el asesoramiento de Raúl Prebisch -funcionario de las Naciones Unidas- quien sugiere dar prioridad al aumento de ingresos provenientes del sector rural, modernizar la infraestructura, incentivar la explotación de combustibles e integrar la estructura industrial. El cambio político va acompañado de un retorno a la ortodoxia económica y de una reorientación de la política social. El país emprende una actitud de apertura y de "colaboración internacional", ingresando a la esfera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en tanto la política exterior toma una connotación decididamente pro-norteamericana. Los sectores populares y la clase media baja quedan desplazados en la distribución del ingreso, en medio del frágil equilibrio político de la Argentina postperonista, en tanto se hace efectiva la restauración de los grupos dirigentes hechos a un lado por Juan D. Perón.

Priman nuevamente los intereses agropecuarios, la Sociedad Rural Argentina manifiesta su apoyo explícito al nuevo gobierno, que pronto atiende sus reclamos dando lugar a los desalojos y a la libre contratación a través de una nueva ley de arrendamientos rurales, que complementan varias medidas comerciales y financieras en beneficio del sector. Una vez más, en este caso como confederación intercooperativa, los sectores agrarios se reagrupan y el 18 de setiembre de 1956 se funda CONINAGRO, en tanto cobra fuerza el accionar de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (C.R.E.A.) para llevar adelante un esfuerzo rural coordinado. El poder económico del sector agrario se fortalece, participa de la toma de decisiones, reclama y consigue mimetizarse en más de una ocasión, con el poder político.

En 1959 la participación porcentual en el PBI de los diversos sectores de la economía muestra un elevado nivel de burocratización del sistema. El sector servicios representa un 51 % de aquél, en tanto a la agricultura -en medio de los vaivenes sufridos- le corresponde un 24 %. Al mismo tiempo, se impone el sistema de retenciones al valor de las exportaciones agropecuarias, que es de un 20 % para cereales y semillas en general y de un 10 % para las carnes vacunas.

La "segunda revolución agrícola", de la cual nos habla el ingeniero Adolfo Coscia y que se define por los cambios tecnológicos, es un hecho. Ya en 1957 con la creación del I.N.T.A. se advierte que las sugerencias cepalinas canalizadas a través del "Informe Prebisch" de 1956 -que tiende a desmantelar el aparato estatal- no pasan desapercibidas para el plan neoliberal que entonces se propone implementar y que tiende -una vez más- a reforzar la hegemonía del sector agropecuario, ahora más eficiente y tecnificado, tal como lo alentará luego el desarrollismo. Como parte de la misma propuesta, también se recompone el comercio exterior argentino, dando lugar a la abolición de diversos controles.

CUADRO 6: Comercio exterior argentino. Volúmenes y valores por quinquenio (1950-1970)

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Año Importación Exportación Saldo Importación Exportación (millones de dólares) (miles de toneladas)

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1950 964 1.177 + 213 10.752 7.474

1955 1.173 929 - 244 12.380 6.908

1960 1.249 1.079 - 170 10.599 9.371

1965 1.199 1.493 + 294 11.335 15.375

1970 1.694 1.773 + 79 10.867 15.237

Fuente: Anuario Estadístico de la República Argentina, 1979-1980, Buenos Aires, s/f, p.522.

En estos nuevos tiempos, el Estado entiende que es "conveniencia nacional" encauzar el comercio de granos por el libre juego de la oferta y la demanda, aunque reconociendo la necesidad de apoyo estatal, a través de los "precios sostén" que permiten "asegurar al agricultor su independencia económica". Los efectos de esta política no se hacen esperar y el área sembrada se incrementa en un 13 %, así como la producción y la exportación de productos agrícolas, en un contexto de baja de los precios de estos productos entre 1956 y 1958 que deteriora el ingreso de divisas.

El Pacto Perón-Frondizi, firmado el 4 de febrero de 1958, abre la vía electoral que poco después consagra el triunfo frondizista con votos peronistas y, en medio de la intranquilidad militar, el sistema político argentino descansa en un inestable trípode: el gobierno legal en manos del radical intransigente Arturo Frondizi, las Fuerzas Armadas y el exiliado Juan D. Perón que ejerce a la distancia un importante control sobre el gobierno. El flamante Presidente de la República pone en práctica el "integracionismo desarrollista", en medio del asedio de las fuerzas militares que conservan una importante porción del poder real y que habrán de jaquear su gobierno.

En 1959 la reorganización económica no se hace esperar y apunta a dos cuestiones básicas: el sistema cambiario y el comercio exterior. Se elimina el régimen del control de cambios, la estabilidad económico-financiera pasa a ser regida por la intervención del Banco Central de la República Argentina, se devalúa el peso y se propone la transferencia del ingreso del sector industrial y salarial al agrario. Una progresiva abolición de los controles de precios se conjuga con la aplicación de un sistema de retenciones (dólar agrario) sobre el valor de la exportación de productos agropecuarios (20% para cereales y semillas y 10% para carnes vacunas), que procura prevenir una posible caída en los precios externos y evitar que el sector exportador retenga ganancias excesivas capaces de alterar el tipo de cambio. El mercado interno es quien paga los costos del reajuste, en medio de un proceso inflacionario que se agudiza (113% en 1959), un elevado endeudamiento externo y costos de producción agropecuaria, que crecen de modo significativo, neutralizando parcialmente los beneficios destinados al agro a través del "precio sostén" y de la reforma cambiaria.

El comercio exterior argentino refuerza su tradicional papel en nuestra economía. El aumento de las exportaciones del sector rural sigue siendo básico para equilibrar nuestra balanza de pagos e incrementar nuestra capacidad importadora. En esa dirección marchan los esfuerzos del gobierno y el de las entidades representativas del empresariado agrario nacional. En 1960 se incentiva la reconstitución de los planteles ganaderos y es sencillo advertir que los productores rurales ligados a la exportación siguen detentando el poder de decisión en la economía argentina. Respecto de la agricultura, el principal beneficio recibido por las producciones típicas de la región pampeana es la diversificación encarada con vistas a la atención de necesidades del mercado interno. Es en esta década cuando se opera la integración al modelo de dependencia tecnológico industrial, las desigualdades interregionales se agudizan y las migraciones internas y de los países limítrofes consolidan la significación de las áreas metropolitanas y la expansión del sector terciario.

Cuando en la segunda mitad de la década del '60 cobra cuerpo el Estado burocrático autoritario, una vez más, la devaluación del peso acompaña la reforma económico-financiera que intenta nivelar el presupuesto y sanear el gasto público. La consolidación de la estabilidad monetaria, el fortalecimiento de la balanza de pagos, una balanza comercial sustancialmente favorable, se complementan y aumentan el PBI en un 5%, aunque el mismo se consiga con un alto costo social.

La agricultura a porcentaje -ahora más diversificada- que introduce en el escenario del campo argentino la figura del contratista "tantero" (por cosecha o por año) entre fines del decenio de los '60 y los años '70, desdoblan al sujeto agrario, al separar el propietario de la tierra de aquél que ahora posee el capital. Ambos componentes (tierra y capital) no se presentan necesariamente unidos. Al mismo tiempo, el aumento de la renta agropecuaria y del precio de la tierra fomentan la difusión de las explotaciones más "intensivas", en tanto se retrae la significación del tamaño de las unidades productivas para ganar en eficiencia y rendimiento. Entre 1960 y 1973 el volumen de cereales y oleaginosas crece a una tasa media de 2,7%.

La marcada desaceleración industrial de las economías centrales, las tendencias económicas de los Estados Unidos (pérdida de competitividad, caída de la productividad, déficit de sus cuentas externas y política monetaria expansiva) y el ascenso en los precios del petróleo, aumentan la oferta de recursos financieros para el Tercer Mundo en los albores de la década de 1970, cuando se sacude la estructura mundial de pagos. La oferta de dólares crece. Los términos del intercambio sienten el impacto de esta red intrincada de acontecimientos. La balanza de pagos argentina da muestras del alivio generado por la disponibilidad de capital externo, en medio de un proceso inflacionario y con tasas reales de interés que son bajas hasta los inicios de los años de 1980. La suma de estos factores incentiva el endeudamiento argentino.

Hacia 1980 las políticas expansivas por parte de los otorgantes de créditos se retraen. El flujo de capitales cae violentamente. Dos años después la banca internacional decide cortar esa corriente de préstamos. Es ella quien controla el acceso al crédito de los países deudores. El déficit de las economías centrales es financiado por los recursos que ahora se captan del exterior, atrayéndolos con altas tasas de interés. La ausencia de un mercado doméstico de capitales y la crisis de credibilidad en el desarrollo argentino, restan fuentes genuinas de financiación de la inversión y del crecimiento. El aumento del déficit fiscal, la baja de los precios mundiales de nuestras exportaciones (medidas en dólares) a partir de 1980 y la absorción monetaria atraída por esas tasas de interés elevadas reorientan el "ahorro" argentino, en tanto se generan distorsiones macroeconómicas.

La deuda externa se convierte en la gran pesadilla nacional. Reajuste y recesión son -a corto plazo- sus signos más visibles. Al mismo tiempo, la ausencia de préstamos a largos plazos capaces de alentar las actividades productivas, así como la inestabilidad en el sistema financiero y la crisis por la que pasa la promoción de las exportaciones de países deudores como el nuestro, señalan la encrucijada por la que atraviesa la producción nacional. El sector rural activa sus reclamos frente al Estado, para pedir auxilios y soluciones y lo hace dejando sentir las exigencias de su tradicional poderío.

Si en los años de 1930 la crisis mundial se origina en los países centrales y se transmite a la periferia, en los primeros años de la década de 1970 la recesión se genera en los países de la OPEP y es mucho más compleja. Durante los años '30 la disponibilidad de capitales extranjeros es escasa, en los '70 hay considerable disponibilidad. Durante la crisis del '30 bajan las cotizaciones de los productos agrícolas y se deterioran los términos del intercambio. Si bien hacia 1970 el volumen de las exportaciones asciende, no obstante, los términos del intercambio se deterioran más entre 1973-83 que entre 1929-38, destaca Angus Maddison.

En el decenio 1973-83 se frena el crecimiento económico mundial, cuando se derrumba el orden monetario de Bretton Woods, se incrementan violentamente los precios de los energéticos y crece la inflación. Las consecuencias no se hacen esperar y se generan cambios en los precios, en los términos del intercambio, en los mercados financieros internacionales y en la balanza de pagos. Entonces el PBI de la Argentina -cuando el cierre de las fábricas da paso a la apertura creciente de las instituciones bancarias- baja y se sitúa en un -11,2; el volumen exportable lo hace en - 21,3 y el poder de compra de esas exportaciones en - 45,8, afirma Jorge Schvarzer.

El poder económico y el Estado se adecuan a los tiempos y procuran impulsar las exportaciones de productos no tradicionales a mercados no tradicionales, aunque con un muy relativo éxito. Por su parte, y a pesar del crecimiento de la producción alentada por la mecanización agrícola, la tecnología rural y la supresión de gravámenes, la exportación de trigo y la de maíz no registra los avances esperados, en el marco de un mercado internacional que se muestra refractario a una negociación conveniente para nuestros intereses.

CUADRO 7: Argentina: Balanza comercial y PBI (1974-1983)

(Indicadores)

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Año Balanza comercial (millones dólares) Crecimiento % anual del PBI

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1974 296 5,7

1975 - 986 - 0,4

1976 883 - 0,5

1977 1.490 6,4

1978 2.566 - 3,4

1979 1.110 7,2

1980 - 2.520 0,3

1981 - 287 - 6,3

1982 2.288 - 5,3

1983 3.593 2,8

Fuente: MADDISON, Angus: Dos crisis: América y Asia, 1929-1938y 1973-1983, México, F.C.E., 1988, p. 65.

Desde 1982-83 hasta los años '90 la economía argentina, en su faz agraria, debe analizarse a la luz de la crisis económica, el impacto negativo de la deuda externa, el desborde inflacionario y la crisis del Estado fiscal que articula una política monetaria e impositiva de perfiles restrictivos. Ya en 1981 bajan los precios de los productos primarios, afectando el comercio mundial en dólares, mientras las tasas de interés reales aumentan bruscamente de -11,8 % en 1977 a 16,7 % en 1982. A partir de este último año la transferencia de los recursos al exterior se logra revirtiendo el déficit comercial, que se alcanza -en parte- contrarrestando la caída de los precios agrícolas con el aumento en un tercio del volumen de lo exportado. En 1988, el incremento del 35,3 % en los valores de las exportaciones argentinas resulta influído por el alza en los precios internacionales de los granos y el aumento del volumen de los de carácter agrícola en general. Los sectores rurales de la economía y la sociedad argentinas calman parcialmente sus reclamos cuando la ecuación precios, costos y rindes restablece sus relaciones equitativas y se aproximan tiempos de cambio político.

7.- CONFORMIDAD Y SILENCIO: EL AGRO ARGENTINO HOY.

El control de la inflación que se concreta en los inicios de los años '90, no significa el fin de los problemas para el campo argentino, ya que todavía persisten las difíciles condiciones internacionales que traban la comercialización conveniente de nuestros productos agropecuarios. En 1993 la situación agraria nacional aparece influida por factores muy complejos. La adopción en las economías del interior del país del estilo tecnológico pampeano, la transnacionalización de la agricultura y la presencia de países desarrollados que no sólo se autoabastecen en alimentos sino que los exportan, son algunos de los síntomas que caracterizan e influyen en el desarrollo económico de la Nación. La tendencia a una Europa sin fronteras cuya producción agraria subsidiada, al igual que la de los Estado Unidos, responde a intereses de bloque y al objetivo explícito de superar crisis nacionales, se suma a los factores mencionados para complicar la situación del agro argentino, que -no obstante- sigue siendo en ese entonces y hoy, un sector sustancial para el sostén de la economía del país.

En diciembre de 1993 la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos cierran el acuerdo agrícola del GATT. La Argentina rural respira aliviada, ya que se beneficia con pautas económicas y fiscales que benefician su comercio, aunque resignando algunas de sus aspiraciones en cuanto a una mayor liberalización del intercambio.

La continuidad entre el pretérito y el presente de esta Argentina históricamente rural se advierte haciendo un simple repaso de los hitos fundamentales que jalonan el pasado nacional. Los protagonistas del mismo se vinculan a las etapas de producción y comercialización agraria. La dirigencia argentina se enlaza con el quehacer rural en sus distintos rangos y grados de evolución. Pero, paralelamente, es la adecuación a los tiempos el rasgo que con mayor claridad muestra al sector como un elemento dinámico y modernizador de la economía del país.

La Argentina agrícola, ajustando su accionar a las exigencias de las diversas coyunturas, no rompe los lazos con sus orígenes. De ellos conserva vigente la tradicional importancia de la producción típica de la pampa húmeda, aunque ahora diversificada, beneficiada por el avance tecnológico y sujeta a mayores niveles de eficiencia. También expresa su continuidad a través de la permanencia de corporaciones agrarias constituidas en el siglo anterior o en los albores del actual, que suman su acción al de otras más nuevas, formadas como expresión de la adecuación del sector rural de la economía a las condiciones de modernización y globalización del mundo actual. Como manifestación del cambio, las unidades productivas han mejorado su nivel de eficiencia, acotando superficies y elevando rindes; la tecnología rural se ha extendido, en tanto se asiste a una diversificación del mundo agrario, que ya no puede ser visto como un conglomerado homogéneo, ni en su cúpula ni en sus bases.

Desde fines de 1995 se advierte que "el campo vuelve a ser negocio" se afirma desde las publicaciones dedicadas a las cuestiones rurales, a pesar de algunos efectos negativos de la sequía y la recesión. La producción, las exportaciones de granos y los precios internacionales en alza junto a un notable aumento de los rendimientos atraen incluso al capital extranjero hacia el sector agropecuario. Un balance del ciclo anual permitía por entonces calificar al '95 como "el año de los récords" en cuanto a producción granífera (45 millones de toneladas), exportaciones del complejo oleaginoso (4.200 millones de dólares) y producción láctea (9.000 millones de litros).

Junto a los mercados tradicionalmente compradores, otros nuevos -como el asiático- se han sumado. Las reglas de juego fijadas en el marco del Mercosur y las tendencias sugeridas por la Comunidad Económica Europea son ejemplos concretos de los cambios operados. El agro ha aprendido a convivir con el peso de la deuda externa, los desajustes macroeconómicos y una férrea competencia internacional por la provisión de los mercados que -en ocasiones- tornan difícil la situación de los productores. Hoy como ayer, la consigna es adecuarse a los tiempos y generar condiciones que favorezcan su inserción en la economía interna y mundial, a partir de un proceso que asegure la estabilidad y consolide la "reconversión productiva microeconómica", de la que nos habla uno de los responsables gubernamentales del área, Felipe Solá.

Nuevas estrategias para recrear la conciencia rural, sin eludir el riesgo empresario, ante una mayor complejidad de la situación mundial, es la respuesta del sector que se prepara para un cambio que sea capaz de demostrar que la Argentina agrícola tiene vigencia y raíz histórica. Condiciones que le dan legitimidad y envergadura suficientes para creer en ella y sustentarla como un sector dinámico de la economía, en medio de un concierto internacional aferrado a la constitución de bloques y dispuesto a integrar mercados regionales amplios, en pro de la globalización.

La competencia por la provisión de ese mercado se acentúa. La Argentina se ve obligada a ser creativa y a aumentar la eficiencia del sector, en tanto brega por reducir el hoy bastante atenuado proteccionismo internacional. La Argentina rural sabe que es difícil salir airoso de la confrontación si se queda al margen de las condiciones capaces de contrarrestar los efectos de un mercado mundial agrario competitivo y tecnificado. Busca el apoyo oficial, mientras presta su conformidad y avala las políticas económicas gubernamentales. Son tiempos de consenso, de concertación, de hablar en voz baja o de permanecer en silencio, para los sectores rurales.

En enero de 1996 el premio Nobel Norman Borlaug se refiere a "los desafíos de la agricultura" y a la necesidad -para países como la Argentina- de encontrar "el sendero tecnológico adecuado" en relación con las necesidades de la alimentación mundial. Para nuestro país la buena situación del agro -sólo recientemente empañada en parte por las inundaciones- se consolida y coincide con esa armónica relación entre la dirigencia agraria y la conducción oficial, expresada categóricamente ya en la Quinta Exposición Agroindustrial y Comercial de Verano llevada a cabo en Mar del Plata a comienzos del '96, y se trasunta en las reuniones entre chacareros y técnicos, destinadas a implementar nuevos paquetes agronómicos, cuando la Argentina registra -en medio de la asignatura pendiente de un desempleo ponderable- el índice de inflación más bajo del último medio siglo. Para la Secretaría de Agricultura liderada por Felipe Solá "el campo será la piedra angular del crecimiento".

En agosto de 1996, mientras la Federación Agraria Argentina denuncia que "faltan políticas integrales", CONINAGRO sostiene que el desafío es "acordar una política agropecuaria" que fortalezca y desarrolle la empresa familiar al tiempo que expande y consolida las estructuras de integración de los productores. Está convencida de que hay espacio para la implementación de políticas sectoriales, sin que ello colisione con la estabilidad económica y el funcionamiento de la economía de mercado que auspicia el gobierno nacional, para beneplácito de amplios sectores de la producción. Confederaciones Rurales Argentinas -por su parte- cree que la disminución de los stocks, el incremento de la demanda con la incorporación de los países asiáticos, los factores climáticos y el cumplimiento de las pautas establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), respecto del cronograma de disminución en la aplicación de subsidios agrícolas, son factores que alientan una época de bonanza en el futuro inmediato de la Argentina agrícola, aunque la situación no se reitere para la ganadería de cría y la lana, que pasan por una importante crisis de rentabilidad. CRA opina que el gobierno debe reducir el gasto público y la presión tributaria sobre el sector, que debe alentar una adecuada prestación de servicios e impulsar un proceso dinámico de integración de la producción primaria con la agroindustria y la industria de la alimentación, y así se lo hace saber al oficialismo a través de sus sugerencias y pronunciamientos.

No obstante, más allá de los matices de opinión, el discurso de los productores rurales expresa signos de consenso con la política oficial que los beneficia y respalda a sus promotores, en el marco de la cosecha récord del siglo XX correspondiente a la campaña 1996-1997, que le permite al poderoso George Soros -por ejemplo- obtener en su campo de 3.000 hectáreas situado en Runciman (Santa Fe) un 40% más de trigo que el año anterior y muy buenos rindes en maíz y soja.

CUADRO 8: Argentina: Superficie sembrada y cosechada (1995-1997)

(en miles)

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Cultivo Campaña 1995/1996 Campaña 1996/1997

hects. ton. hects. ton.

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Cereales 11.959,0 23.807,7 14.904,9 35.113,0

Oleaginosas 9.846,6 18.613,0 10.123,2 16.403,0

Cult. industr. 1.631,9 15.548,3 997,7 14.613,0

Fuente: SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA: Informe económico 21, Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 1997

CUADRO 9: Argentina: Valor de las principales exportaciones de productos de origen agropecuario (1990-1996)

(en dólares)

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1990 1992 1994 1996

______________________________________________________

Cereales 1.374.105.061 1.547.748.762 1.332.716.288 2.549.716.749

Oleag./

forrajes 827.717.681 790.109.164 951.756.416 962.889.441

Anim.vivos 8.497.391 8.669.391 50.976.468 43.956.715

Lacteos

y deriv. 155.945.029 87.026.014 189.111.616 365.689.742

Grasas,aceit.

y deriv. 1.151.260.795 1.109.135.112 1.533.550.080 1.874.874.985

Fuente: INDEC: Argentina agropecuaria, agroindustrial y pesquera, Buenos Aires, 1997.

No obstante, el rojo comercial va en aumento y el déficit que en 1994 era de 5.751 millones de dólares, entre abril de 1997 y marzo de 1998 alcanza el récord de 6.133 millones de dólares. Las importaciones crecen a un ritmo del 25 % anual y las exportaciones están estancadas y apenas crecen un 2 %. Una vez más las esperanzas se cifran en el agro y se espera una mejoría de la situación con el incremento de la exportación de la cosecha gruesa de maíz, soja, girasol y sorgo, aunque las recientes inundaciones y la baja en el precio de los comodities, tornan a esta recuperación menos auspiciosa de lo esperado.

Hoy como ayer el campo argentino y sus actores sociales dan muestras de la importancia estratégica que tienen en la economía nacional y replantean, consecuentes con su papel en la historia del país, su estilo operativo para adecuarse a las exigencias del Plan de Convertibilidad, la apertura económica, los procesos de desregulación y la pérdida de ingerencia del Estado en la economía. La supresión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el descenso en los costos de las maquinarias e insumos importados, liga más estrechamente la rentabilidad de las unidades rurales a las variaciones de los precios del mercado mundial de cereales y oleaginosas. En tanto, frente a la estabilidad y las buenas cotizaciones de los productos en el mercado externo se generan nuevas formas de inversión agraria como los pools de siembra, que concentran capitales para el arriendo de campos y la producción a mayor escala.

La tradicional tendencia a la concentración de la producción en la región pampeana, se acentúa en medio de la expansión de la agricultura y de la lechería y -en menor medida- de la ganadería destinada a producir carne. Mantener el buen nivel de rentabilidad en pro de la capacidad productiva y de los buenos saldos exportables, se presentan como consignas ineludibles para capitalizar favorablemente el cambio rural y sostener la "inalterable alianza entre el Estado y el campo argentino" (Carlos Menem, 14/8/1993) de modo de poder superar con éxito la recesión que no deja de afectar a la economía nacional. En este escenario y cuando el Banco Mundial en su último informe denuncia una fuerte concentración de la riqueza en la Argentina, es decir, cuando el 20 % más rico de los argentinos obtiene el 51 % de la riqueza anual del país y el 10 % más pobre que en 1975 tenía el 3,1 % de los ingresos ahora registra tan solo el 1,6 %, el sector agrario no es ajeno al acontecimiento y se dispone a afrontarlo mejorando rindes y rentabilidad; vale decir, aceptando el desafío que la hora impone; cuando el INTA estima en más de 600 millones de dólares las pérdidas agropecuarias en la región del litoral, con un grave impacto sobre pequeños productores y trabajadores rurales. En este escenario, pues, y tal como lo hiciera en tiempos pasados, el agro es -a través del consenso- una vez más, protagonista del quehacer económico y político de la Nación Argentina.

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