Proceso de Reorganización Nacional 1976-1982

Continuando con una tradición inaugurada por la Revolución Libertadora (1955-73) y por la Revolución Argentina (1966-73), el régimen militar instaurado el 24 de marzo de 1976 se autotituló : "Proceso de Reorganización Nacional" (PRN). Pretendía transmitir de esa forma lo que sus protagonistas entendieron como misión a cumplir: reorganizar el delicado equilibrio entre los distintos sectores sociales desarrollados a lo largo de la historia argentina.

Dos procesos sociales convergentes tuvieron lugar, generando en ciertos sectores la necesidad del replanteo del modelo sociopolítico y económico en los que se desenvolvía el país. A su vez, estos procesos dieron lugar a un consenso favorable al golpe militar o, al menos, a una notoria pasividad frente al avance del avasallamiento político.

Por una parte, desde la muere del general Perón, el incremento de la actividad guerrillera instaló en la sociedad una profunda sensación de inseguridad pública. Grupos como Montoneros, ERP y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), producían cotidianamente hechos de violencia; los dos primeros, tenían por objetivo a las Fuerzas Armadas y sectores empresarios, mientras que la AAA actuó contra la izquierda y sectores intelectuales y políticos progresistas.

Por otro lado, el abandono forzado de la política de "inflación cero" del ministro de Economía Gelbard, derivó en la progresiva adopción de políticas de ajuste ortodoxo de la economía. El "Rodrigazo", nombre con el que se popularizó el conjunto de medidas adoptadas por el ministro Celestino Rodrigo, fue un intento por retrasar los salarios, mejorar el tipo de cambio para favorecer las exportaciones, achicar el consumo interno y disminuir los gastos del Estado. Esas medidas se encontraron con la oposición de los grupos sindicales peronistas, que hasta ese momento habían sido sostén del gobierno de Isabel Martínez.

La puja entre sindicatos y gobierno deterioró las condiciones políticas y descontroló el manejo de la economía; así, violencia cotidiana e inflación descontrolada fueron los procesos que inmovilizaron a los sectores políticos y prepararon el ambiente para el golpe militar encabezado por el general Jorge Videla.

El golpe

Determinadas situaciones de la vida política del país (desgobierno, trastrocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes, terrorismo, vacío de poder, etc.) consideradas como nocivas para la seguridad y unidad nacional, junto con el cambio "necesario" en la economía, consistirían en situaciones en las que las FF.AA. tienen el deber de hacerse cargo del poder para conjurar el peligro e impedir la disgregación nacional. Este modo de pensar fija un rol a las F.A. que va más allá del prescripto en la Constitución, en la medida que éstas ya no se subordinan al poder político instituido según sus normas sino a los "supremos intereses de la Nación", siendo la institución armada la única intérprete cuando se conjugan los motivos para la intervención. Es una doctrina militar que al excederse de su campo y rol específicos se transforma en una doctrina política que guía el accionar de las F.A. y por la cual éstas se colocan como instancia política decisiva del proceso nacional.

La represión

"... a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del estado absoluto , secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos" Informe de la CONADEP difundido en 1984.

Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban zona "libre" a las comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizando a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos ( los mal recordados Ford Falcon oscuros) o camiones, mientras el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. Allí se iniciaba una lucha contra la muerte que culminaba en algún centro clandestino de detención (véase más adelante) o en uno de los "vuelos de la muerte".

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles de seres humanos, generalmente jóvenes e incluso adolescentes, pasaban a formar parte de la mal ponderada lista de desaparecidos.

Sin embargo, no sólo se persiguió a miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo, sino también a miles de personas que jamás tuvieron vinculación alguna con estas actividades, pero sólo por su oposición a la dictadura, su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por ser reconocidos intelectuales que cuestionaban el terrorismo de estado o, simplemente por ser familiares, amigos o por estar en la agenda de alguien considerado subversivo.

desaparecido: persona que arrebatada por la fuerza, deja de tener presencia civil.

¿Quiénes los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿A dónde los habían llevado? No se tenía respuesta, las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la Justicia los desconocía, los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio.

Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada a lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies o reducida a cenizas; sólo conservaban la sensibilidad para el tormento, la memoria de sus familiares, la infinita vergüenza por la violación en público.

Los centros de detención

Los centros de detención, que en número de 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Allí, millares de hombre y mujeres privados de su libertad vivieron su desaparición.

La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores son estremecedores. De algunos de los métodos empleados no se conocían antecedente en otras partes del mundo. Hay varias denuncias de niños y ancianos torturados junto a un familiar para que este proporcionara la información requerida por sus captores.

Se comprobó que en el marco de esa metodología fueron exterminadas personas previamente detenidas, con ocultamiento de su identidad, habiéndose en muchos casos destruido sus cuerpos para evitar su posterior identificación. Asimismo, se comprobó que otras personas que las Fuerzas Armadas daban por muertas en combate, eran sacadas con vida de algún centro clandestino y muertas por sus captores simulándose enfrentamientos o intentos de fuga inexistentes.

Si bien los centros más tristemente "famosos" eran la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Pozo de Banfield y Campo de Mayo, entre otros, estos lugares malditos se extendían por todo el territorio nacional.

(VER MAPA)

El panorama político

El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar, integrada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, se hizo cargo del poder y asumió la presidencia. En marzo de 1981 Videla fue reemplazado por Roberto Eduardo Viola, sin que este cambio dejara vislumbrar ninguna solución a los graves problemas económicos, sociales y políticos que venían afectando a las estructuras del país: represión política, desocupación, desaparición de miles de ciudadanos, torturas y crisis económica.

Debe interpretarse el desplazamiento del general Viola como un paso deliberadamente calculado antes de que se pusiera fecha a la invasión a las Malvinas. Todo indicó que con Viola en la presidencia y, por tanto en la Junta de Comandantes, no se habría producido tal desatino.

Un hecho de esa magnitud sólo se hubiera explicado de haber dispensado los EE.UU. una suerte de luz verde como contra-presentación por el alto número de oficiales del ejército que estaban por entonces involucrados en la América Central en acciones contra el Sandinismo. De hecho, no pocos funcionarios del régimen creyeron que, por una cuestión táctica, los EE.UU. abandonarían la estrategia que los ha vinculado desde tiempos inmemoriales con su madre patria, Gran Bretaña. El equívoco no pudo haber sido más grave.

En el camino hacia las Malvinas, el Proceso se dirigió rápidamente a la ruina. Los militares jugaron su última carta a la reversión de la impopularidad creciente que sufrían por medio de un espectáculo conmovedor para la conciencia histórica de millones de argentinos: la bandera nacional hondeando en las islas reconquistadas por primera vez desde 1833, como si de un plumazo azul y blanco se hubiera podido cambiar la dirección de los vientos en la política interna del país

Durante el mandato del general Leopoldo Galtieri, iniciado el 22 de diciembre de 1981, se ocuparon militarmente las islas Malvinas, contra la opinión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dando inicio a la guerra del Atlántico Sur. El 14 de junio, las tropas argentinas estacionadas en las islas se rindieron a las británicas. Galtieri fue depuesto y el 22 de junio era designado para sucederlo el general Reynaldo Benito Bignone, que formó gobierno con nueve ministros civiles y uno militar y presentó el calendario para organizar el proceso de institucionalización del país, que incluía la convocatoria a elecciones generales. Celebradas con total normalidad, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín asumió como presidente con el 51,7 % contra el 40,1 % del peronista Italo Luder.

Bibliografía:

•         Informe de la CONADEP difundido el 20 de septiembre de 1984

•         Enciclopedia Planeta

•         Cuadernillos de Introducción al conocimiento de la sociedad y el estado

•         Diversos artículos periodísticos publicados en La Nación y Clarín