Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los libros de comercio

VíCTOR DE FRíAS

victordefrias@yahoo.com

Santo Domingo, República Dominicana

s un principio de nuestro sistema de derecho el que establece que la carga de la prueba de una obligación corresponde a aquella persona que demanda su cumplimiento^[1], salvo que ésta se beneficie de una presunción establecida por la ley.^[2] También es algo sabido que en materia de derecho comercial los libros de comercio regularmente llevados hacen prueba de las obligaciones entre los comerciantes "siempre que se conserve, en este caso (se refiere al Libro Diario) todos los documentos que permitan verificar estas operaciones día por día".^[3]

Con la introducción de los registros y procedimientos electrónicos en la banca, ocurre comúnmente que los emisores de tarjetas de crédito presentan como medio de prueba ante los tribunales los estados de cuenta de sus clientes morosos, documento donde se señala el importe vencido, la fecha y lugar de las transacciones con sus montos, pero que carece de la firma del deudor (tarjetahabiente en el caso). Este documento, que pretende ser un sucedáneo del Libro Diario, en el estado actual de nuestra legislación, por diversas razones no puede ser admitido como medio de prueba escrita, ni aún como principio de prueba.

Nuestro primer argumento se fundamenta en las disposiciones del artículo 1326 del Código civil, que exige por lo menos la firma del deudor en los actos bajo firma privada que contengan obligaciones de pago de sumas de dinero. Un vistazo al "estado de cuenta" es suficiente para comprobar que no se trata de una factura firmada y aceptada por el deudor sino de un documento elaborado (por el propio acreedor! (el emisor en el caso que nos ocupa), quien mal podría insertar los valores alterados en su propio beneficio. Por carecer de la firma del tarjetahabiente los estados de cuenta no hacen prueba contra éste. Podría argumentarse contra este criterio que los contratos entre los emisores de las tarjetas y los tarjetahabientes suelen contener una cláusula que otorga a estos un plazo para denunciar las transacciones no aprobadas contenidas en los estados de cuenta elaborados por el emisor, vencido el cual se presume la aceptación del deudor. Una estipulación semejante se inscribe en la discutida tesis de que los medios de prueba tienen un carácter de interés privado.^[4]

En segundo lugar, el artículo 10 del Código de comercio dispone que los libros de comercio "serán llevados cronológicamente (...) sin blanco ni alteración de ninguna especie". Se desprende de esta parte final del texto citado, que el legislador ha querido evitar la falsificación de las anotaciones que deben contener los libros de comercio con el propósito de prevenir el dolo. Si el libro diario contuviere raspaduras en el papel, alteraciones en las cifras o saltos en la numeración de las páginas, etc. no podría "hacer fe en juicio a favor de los que así" lo hubiesen llevado. El estado de cuenta suele ser una hoja suelta, suceptible de ser alterado su orden cronológico con las formas contínuas de una impresora de computador, y sobre todo nunca podría ser asimilado a un asiento contable del libro diario porque si bien el legislador a fin de otorgar a este instrumento el beneficio de medio de prueba, ello es a condición de que los libros de comercio estén rubricados, foliados y visados por el Juez de primera instancia o el Juez de paz, lo que no ocurre con los volúmenes encuadernados y empastados de los estados de cuenta de los bancos.

En tercer lugar, el libro diario como ya se ha dicho será admitido como prueba "siempre que se conserve (...) todos los documentos que permitan verificar estas operaciones día por día". Esta condición exigida por el legislador es suficiente para afirmar que los libros de comercio no se bastan a sí mismos como medios de prueba, que requieren pues del auxilio de todas las facturas, las letras de cambio, las cartas contentivas de promesas de pago o de venta, etc. para que sean admitidos en el proceso. En el caso de las tarjetas de crédito, la factura de aceptación de la deuda (llamada "boucher" en la jerga de ese sector del comercio) debería servir como prueba complementaria en la hipótesis de que fuere aceptado el estado de cuenta como equivalente al Libro Diario, pese a estas nuestras observaciones.

En cuarto lugar, si bien los libros de comercio son admitidos como prueba, a pesar de toda la cautela puesta por los redactores del Código, estos señalaron limitativamente los casos en los cuales puede ordenarse la comunicación de estos libros. La acción en cobro de dinero no está señalada por el artículo 14 del Código de comercio. Consecuentemente, en el hipotético caso de que el estado de cuenta de una tarjeta de crédito fuere asimilado a un asiento contable del Libro Diario, sería inadmisible dicho estado de cuenta como medio de prueba en una acción en cobro de dinero porque el artículo 14 del Código señala prohibitivamente: "No pueden ordenarse en juicio la comunicación de los libros e inventarios, sino en las causas de sucesión, comunidad de bienes, liquidación de compañías y en casos de quiebra".^[5]

Por último, en el caso de que el estado de cuenta de las tarjetas de crédito fuere equiparado al Libro Diario, no podría ser utilizado como medio de prueba en un proceso contra una persona que no ostente la calidad de comerciante. En ese sentido, el artículo 1329 del Código civil dispone: "Los registros de los comerciantes no hacen prueba contra las personas que no lo sean, de las entregas que en ellos consten, salvo lo que se dirá del juramento" ^[6] (Por la lectura de esta última parte del artículo puede advertirse que la única posibilidad de que los libros de comercio puedan ser aceptados como prueba contra una persona no comerciante es haciendo uso de las reglas del juramento; como se ve, contra un no comerciante no sería admisible la prueba ni aún con los documentos que le sirven de apoyo al Libro Diario.) Además, el citado artículo 12 del Código de comercio señala que los libros serán admitidos como medio de prueba "entre comerciantes" para añadir a seguidas "en asuntos de comercio", es decir que cuando un comerciante realice frente a otro un acto civil, no propio de su actividad comercial, no sería posible argüir contra él los libros de comercio.

Nadie discute la importancia que ha cobrado la actividad comercial con la introducción de la tarjeta de crédito, por lo que resulta una paradoja que ese instrumento esté avalado sólo por frágiles resoluciones de la Junta Monetaria. Tampoco nadie discute la obsolecencia de casi todas las disposiciones del Código de comercio dominicano. Esperamos que la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para la revisión del Código de comercio dé solución satisfactoria a este importante e inquietante problema porque, definitivamente, nos hallamos en una situación en que los emisores de tarjetas dependen básicamente de la calidad moral y de la buena fé de los tarjetahabientes a la hora de honrar sus obligaciones^.[7]